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Acusan que para el Ejecutivo la problemática de violencia de género no es prioridad

En días en que se lleva adelante el juicio por el femicidio de Fanny Pollak, cometido el año pasado en el barrio La Movediza, la referente del Foro por la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Mujeres, María Nazábal, denunció que para el Ejecutivo no es prioridad la problemática de violencia de género.

En diálogo con el programa “No hay Dos sin Tres” de El Eco Multimedios, Nazábal explicó que desde el foro no abordan casos particulares sino que monitorean las políticas públicas que lleva adelante en materia de prevención y sanción de la violencia hacia las mujeres el Estado en sus tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial.
Con ese objetivo, indicó que ya hace casi un año vienen “monitoreando el desempeño del Poder Judicial de la ciudad en relación con las causas que involucren a víctimas de violencia de género”.

En ese marco, evaluó el trabajo del Tribunal Oral y Criminal y “la verdad es que en los últimos tiempos nos hemos sorprendido gratamente con la incorporación de la perspectiva de género en diversas sentencias por casos terribles que han sucedido en nuestra ciudad”.

A su vez, indicó que llevan adelante el patrocinio jurídico gratuito de víctimas de violencia, a través del foro donde sí evalúan casos individuales.

Más de 200 denuncias por mes

Particularmente en el caso de Fanny Pollack, uno de los femicidios que conmovió a la ciudad, Nazábal sostuvo que “desde que sucedió el hecho estuvimos en contacto con las familias poniendo el interés y el cuerpo en los lugares del hecho con la familia de Fanny, también pensando en los hijos que quedaron con una mamá muerta y un padre en la cárcel”.

En otro tramo de la entrevista, Nazábal indicó que en la ciudad se radican más de 200 denuncias por mes en la Comisaría de la Mujer pero criticó que no hay “ninguna estadística del Municipio”.

“A nosotros como organizaciones de mujeres tampoco nos han acercado nada, cuando se presentó el proyecto de ordenanza para declarar la situación de emergencia en violencia de género se remitió el expediente al Ejecutivo y cuando fue devuelto tampoco había ninguna estadística que nos permitiera visibilizar cuál es el estado real y concreto de la situación y en base a ello diseñar y llevar adelante políticas públicas”, cuestionó.

Y recalcó que el porcentaje aportado por la Comisaría de la Mujer es alto y que más de la mitad de las denuncias de violencia de género que se radican allí vienen del barrio La Movediza.

No es prioridad

“En el caso de Fanny el Estado no tenía conocimiento, pero como Estado municipal que va por el cuarto mandato electo democráticamente sabe que la mayor cantidad de las denuncias de violencia de género suceden desde La Movediza. Por lo tanto, se deberían articular políticas públicas específicas en ese territorio que tienen que ver con acceder a derechos, a justicia, con información, prevención”, opinó.

Y aseguró que el trabajo que se hace en el barrio en torno a la problemática “si se hace es poco y no alcanza, porque si no no habría tantas denuncias”.

“Los hechos demuestran que esta problemática no es prioridad para el Ejecutivo local”, denunció.

“El Municipio nos cierra la
puerta”, dijo María Nazábal

La dirigente aseguró que tanto desde el foro como desde otras organizaciones tales como Fortaleza de Mujer se han puesto a disposición del Municipio para aportar sus conocimientos sobre la problemática.

“Por el programa de Acceso a la Justicia que lanzaron ahora nosotras estuvimos reunidas con (el secretario de Protección Ciudadana) Atilio Della Maggiora para ofrecerle que en los casos que quieran patrocinar a víctimas de violencia nosotras tenemos un equipo de 10 abogados y abogadas, que no sólo tienen formación teórica sino también la praxis de más de un año de trabajo en atención de víctimas de violencia”, contó.

No obstante, lamentó que “lo que recibimos frente a eso es que nos cierran la puerta, porque más allá de dónde estemos parados ideológica y políticamente cada uno de los actores que integramos el foro o las distintas organizaciones de la comunidad, entiendo que todos tenemos que propender al mismo fin, que tiene que ser que las mujeres de nuestra ciudad no sufran violencia de género, y en el caso de que la sufran, que sean atendidas integralmente”.

Cambio cultural

Consideró que “para eliminar la violencia hacia las mujeres necesitamos un cambio cultural, pero la verdad es que no hemos sido bien recibidas por el Estado municipal”.

Además, criticó que el proyecto de acceso a la justicia contempla pagarle a un abogado de los casi 500 que son en la matrícula, pagarle para que garantice el acceso a la justicia de las víctimas de violencia, con lo cual desde las organizaciones no están de acuerdo.

Al respecto, expuso que “estuvimos una reunión con Della Maggiora, le explicamos cómo el proyecto contempla a las víctimas de un montón de delitos, y entre ellos los de violencia de género, nosotros le pedimos que el trabajo con estas víctimas sea con profesionales formados en la temática, porque si no muchas veces el desconocimiento hace que cometamos errores y no garanticemos los derechos tal cual nos manda la ley”.

“Esto no fue tomado porque la idea es que la mujer que es víctima de violencia acceda al programa y elija de un listado con 500 abogados y abogadas. A nosotros nos parece que eso es entregar la política pública en manos de un particular y que no se garantiza que ese profesional esté formado en la temática”, sostuvo.

En tanto, indicó que lo que sí lograron que se modificara es que “para las víctimas de violencia de género se pedía como para el resto de las víctimas un certificado de pobreza que acredite su condición de vulnerabilidad económica, nosotras entendemos que las mujeres que atraviesan situaciones de violencia ya de por sí son una población muy vulnerable. En esto sí el equipo de protección ciudadana nos dio la razón y el certificado de pobreza para las mujeres víctimas de violencia no lo exige”.

“También sabemos que la violencia de género no se resuelve a través de la Justicia y el sistema penal exclusivamente, es un problema multicausal que puede estar atravesado por cuestiones psicológicas, económicas, habitacionales, sociales, culturales, y que para brindar una correcta atención a las mujeres necesitamos equipos interdisciplinarios, que un solo abogado quizás no está formado para atender todas estas cuestiones”, señaló.

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