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Causa Desarrollo Social: La oposición respaldó la decisión judicial

Tras el respaldo del Ejecutivo al subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, luego de la elevación de la causa a juicio oral y público en la que fue imputado, desde la oposición defendieron la labor del fiscal a cargo, Marcos Eguzquiza, y pidieron que “dejen actuar a la Justicia”. Los concejales del PRO, Claudio Ersinger, y del Frente Para la Victoria, Eduardo “Tony” Ferrer, dijeron que el oficialismo “sale a defender lo indefendible” y que su actitud responde “a una cuestión política”.

Remarcaron además que desde 2011 hasta esta parte jamás se habló de “robo”, por lo que consideraron innecesaria la aclaración enunciada por los funcionarios que se encargaron de resaltar que el funcionario social “en ningún momento se ha puesto un peso en el bolsillo”.

En tal sentido ratificaron que nunca se habló de “robo” sino de “un manejo desprolijo” de los fondos públicos.

“La transparencia en los gobiernos hay que ejercerla en todo momento, no hay que declamarla”, afirmó -en principio- el concejal del PRO Claudio Ersinger. Para él, la transparencia es una obligación de los gobiernos. Por lo tanto, sobre la conferencia de prensa del Ejecutivo, dijo que no entendió “cuando incorporan el tema del robo, una cuestión que no se menciona en la denuncia”.

“Dicen: `no se llevó ni un peso´ y la verdad es que eso es innecesario, lo que se está investigando es el tema de haber utilizado los fondos aprobados en el presupuesto para la ayuda social directa para pagar cuentas corrientes, gastos comunes, en vez de usarla para pagar o aportar subsidios, que se hayan usado para pagar otro tipo de cuestiones”, explicó el edil.

Por lo tanto, remarcó que al mencionar el tema del robo, en realidad confunden al que se quiere informar sobre la cuestión porque aquí -aclaró Ersinger- nadie habló de que se haya robado, concretamente.

Volvió entonces al tema de la transparencia y recordó que hay un mecanismo para brindar la ayuda social directa que incluye un informe elaborado por una asistente social y ese procedimiento “hay que respetarlo”.

Porque aseguró que “por más que me digan que haya gente que tuvo un incidente porque se le inundó la casa o porque se le voló el techo, o lo que sea, que necesita la ayuda en el momento, está bárbaro, la ayuda vos se la podés dar en el momento, pero esto no quita que después puedas cumplir con tiempo a la semana siguiente o cuando sea con el procedimiento correspondiente”.

Y para Ersinger “esas cosas pueden haber sido las que impulsaron la investigación del fiscal y que lo hayan llevado a pedir el juicio oral y público”.

 

“Manejo desprolijo”

 

Sobre el cuestionamiento del Ejecutivo en relación a algunos elementos probatorios que el fiscal desestimó, el concejal señaló que Eguzquiza “se quedó con aquellos en los cuales se contrataba algún servicio o algún producto en particular que adquiría el Municipio y se pagaba con subsidios”.

“Este tipo de cosas -lanzó Ersinger- son irregulares” y evidentemente al no cumplir con el procedimiento que mencionó es lo que puede “configurar una malversación de caudales sobre fondos públicos”. Insistió entonces en que hay que diferenciarlo “muy bien de robo, nadie habla de eso, nadie menciona una sola vez que se hayan llevado plata al bolsillo como pretende aclarar el Ejecutivo. Como para despejar esas dudas al respecto, acá de lo que se habla es de un manejo desprolijo”.

 

El procedimiento

 

En este sentido, recalcó que “todos estamos de acuerdo con que el rol social que el Estado debe cumplir ante una eventualidad, cuando hay familias en una situación de vulnerabilidad, eso está bárbaro, pero también existe un procedimiento que hay que respetar, más allá de las urgencias”.

Porque planteó entonces que “sería un descontrol el presupuesto que se maneja en Desarrollo Social, si vamos a estar repartiendo dinero, leña o materiales sin ningún tipo de comprobante. Entonces, si se otorgaron subsidios a personas, profesionales o comercios para compra directa de productos o servicios, entonces eso está mal, y eso eventualmente la Justicia tendrá que demostrarlo, y eso sí va a configurar una malversación porque en el presupuesto se aprueba una partida para responder a la ayuda social directa con un procedimiento”.

 

“Una cuestión política”

Respecto al respaldo del Ejecutivo al trabajador social Diéguez, trazó que “tuvo esa actitud desde un principio, que es respaldar a sus funcionarios, ésa es una cuestión fundamentalmente política porque tiene dos caminos: darle una licencia hasta que se sepa la verdad o bien pueden mantenerlo en el cargo más allá de que esté procesado o siendo investigando en ese momento. Es una actitud política”.

De todas maneras, aseguró que el Ejecutivo siempre estuvo y está molesto por esta investigación y sostuvo que “no debería haberse molestado eventualmente si surge alguna irregularidad o alguna desprolijidad, antes de que configure un delito. Pero creo que lo que hace el Gobierno municipal es una decisión política de respaldar al funcionario y salir a decir que no hubo robo. Bueno, no lo hubo, pero insisto, nadie habló de que este tema haya configurado un robo. Entonces, me parece que es todo un manejo político”.

 

“No es una

intromisión”

 

En el marco del procedimiento, Ersinger recordó que él siempre estuvo de acuerdo, desde que apareció Marcelo Hidalgo con estos elementos para investigar, en que la Justicia tomara intervención. “Ahora, en principio, está fijada la fecha para el juicio, hay un funcionario procesado y el Gobierno decidió respaldarlo, habrá que esperar el fallo y ver, a partir de ello, qué decisión toma el Ejecutivo”, advirtió.

Sobre las declaraciones del secretario de Legal y Técnica, Atilio Della Maggiora, en relación a la intervención judicial, rectificó que sea “una intromisión” su rol en este sentido. Indicó que “el Poder Judicial convive dentro del Estado y tiene entre otras cuestiones la función de controlar y la potestad de sancionar”.

Entonces, consideró que “bajo ningún punto de vista me parece una intromisión su intervención. Me parece que es lo correcto, es lo que le va a dar la tranquilidad a la ciudadanía de que realmente hubo o no hubo alguna irregularidad en el manejo de los subsidios y de los fondos destinados a la ayuda social directa”.

“Un mal manejo”

 

Por su parte, el concejal del FPV, Eduardo “Tony” Ferrer, quien junto a Ersinger y los concejales que estaban en ese entonces fueron actores directos en 2011 de la denuncia que se hizo desde el Concejo Deliberante al respecto, afirmó que desde el bloque confiaron desde un primer momento en la Justicia y siempre fueron muy cautos al momento de emitir una opinión.

“Jamás dudamos de la actuación que iba a tener la Justicia en este caso, porque habíamos observado que los fundamentos y la documentación al respecto era indudablemente para hacer una investigación a fondo sobre el tema”, aseguró el edil.

Porque explicó que verdaderamente, como se actuó en esas instancias en Desarrollo Social “era una desprolijidad total”, aduciendo que hay que leer el expediente para saber de lo que se está hablando, porque ese dinero que estaba destinado a aquellas personas necesitadas y que carecían de la ayuda social “fue destinado a otras cosas que no correspondían, por ejemplo, el pago a canteras, pagos a familias enteras por distintos trabajos, pago a unos baños químicos que después la dueña confirmó que su firma había sido adulterada, planillas adulteradas”.

“En fin, ahí hay algunos aspectos que, inclusive dentro de la misma causa, que por ahí merecen una investigación mucho más profunda”, advirtió.

En verdad, Ferrer confesó que desconoce cuál es el título que se le puede dar a esto, pero cree que hay -al menos- “un mal desempeño de la función pública, en ningún momento -al menos desde nuestro bloque- se condenó a nadie, sólo pedíamos que se investigue porque se estaba jugando, ni más ni menos, con el erario público de los tandilenses”.

 

“Asumir las responsabilidades”

En sintonía con lo dicho por Ersinger, aclaró que nunca se habló de robo, sino que “denunciábamos la desviación de fondos para una determinada causa que fueron puestos para cualquier otra cosa. Esto me parece verdaderamente desprolijo”. Y se mostró sorprendido que desde el Ejecutivo “salgan a hacer semejante conferencia de prensa sobre una causa que tiene justificada documentación para que esto, por lo que aparece públicamente, sea llevado a juicio. No es una cuestión de nombres ni de funcionarios, es más, me parece directamente y esto lo digo a título personal, que vuelve a caer este tipo de cosas en un funcionario que es posible que haya sido el que convirtió estas irregularidades, pero que hay otras personas implicadas que están un poco más arriba y que son responsables directos del área”.

Por lo tanto, lanzó que “hay que ser muy cuidadoso al tratarse de una causa que ha sido muy bien trabajada por el fiscal Marcos Eguzquiza, y que en este tipo de cosas los concejales no podemos mirar para otro lado. Es pertinente que se llegue al final, se investigue y que los responsables asuman este tipo de responsabilidades”.

 

“Defender lo

indefendible”

 

Consideró que la actitud del Ejecutivo “es una cuestión política y quieren defender lo indefendible. Esto lo digo concretamente. Si en mi caso yo hubiese pertenecido al Ejecutivo municipal, cuando existió la denuncia y viendo la profundidad que tenía, hubiese separado dos funcionarios, por lo menos, del cargo hasta tanto se aclarase la situación”.

Por otra parte, Ferrer sostuvo que “para hacer mal las cosas no se trata de decir tan simple y tan livianamente que, como no robaron nada, nosotros apoyamos a esta persona. No se trata de esto, sino de cumplir bien la función para la cual están destinados, porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que avalamos que le pagamos a una cantera, que ninguno de los subsidios que fueron entregados, confesados por la misma gente, fueron visitados por una trabajadora social”.

Dejar actuar a la Justicia

 

“Adulteración de planillas para otorgar los subsidios, firmas adulteradas ¿De qué estamos hablando? Acá hubo cosas muy concretas. Si un fiscal lleva esto a un juicio oral me parece que debe tener suficientes elementos como para corroborar lo que está haciendo”, lanzó Ferrer.

En ese sentido, sobre las declaraciones del abogado Della Maggiora, manifestó que fue “otra opinión poco atinada”, y planteó que “ellos que se lo pasan declamando que la democracia, el sistema republicano y la división de poderes es fundamental para la sociedad, bueno, que dejen actuar a la Justicia como corresponde. Yo felicito al fiscal por este trabajo. La división de poderes es esto, dejen actuar a la Justicia de Tandil y que se sepa la verdad. Ni más, ni menos”.

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