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Desde la fiscalía del Fuero Juvenil demandaron legislación penal “específica” para menores

En medio de la discusión por la violencia entre jóvenes y los hechos delictivos que los involucran, y con una convocatoria a una marcha para el lunes en esa línea, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 18 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, la doctora María de los Angeles Marsiglio, trazó un panorama respecto de la problemática de minoridad, el accionar y las principales falencias.

En ese marco, y en sintonía con una mirada a nivel provincial, reclamó una legislación penal “específica” y políticas que logren los resultados esperados.

La funcionaria judicial abrió el debate sobre la situación actual a la vez que demandó una revisión de la política de menores ante el incumplimiento de los objetivos planteados.

Al referirse a la reincidencia de los jóvenes, expuso que en el transcurrir de los años desde que se inician con alguna actividad delictiva, “las instituciones los han visto pasar e ir avanzando en el delito” y que “al no haber intervenciones efectivas no se puede cortar el círculo vicioso y los mismos chicos siguen hasta que terminan en una cárcel de mayores”.

“Esto genera una gran frustración”, aseguró la fiscal, que admitió que “hay vacíos legales” y a modo de crítica sostuvo que “se han generado organismos y programas pero son con muy pocos recursos humanos y económicos, faltan talleres de formación, espacios donde los jóvenes que son más grandes tengan para ir, puedan ser convocados y entusiasmados con alguna actividad que los saque del delito”.

“Cortar con eso requiere instituciones, personal capacitado, dinero y principalmente que se generen espacios”, enfatizó.

Una leve
disminución

En un primer abordaje la representante del ministerio público aseguró que el nivel de hechos “no ha recrudecido” en función de la estadística de causas que reciben y que incluso “vemos una pequeña dimisión, leve, en relación a años anteriores”.

Marcó que a lo largo del año comenzaron a detectar “otra modalidad” que se caracteriza por “la existencia de grupos numerosos de jóvenes que están produciendo algunos hechos, daños, lesiones, hurtos”.

En esa línea aclaró que muchos jóvenes no son punibles por la edad, por tener 14, 15 años, y otros por el tipo de delito. “Para ser punible por el tipo de delito, este tiene que tener fijada una pena de más de dos años en el Código Penal. Menos de esa pena no son punibles, por más que tengan 16 o 17 años”, certificó.

En esa línea insistió en que a partir de los 16 años “el joven es punible, es decir que puede ser motivo de una persecución penal y el establecimiento de una pena en caso que sea condenado. Tampoco son punibles los jóvenes que aunque tengan de 16 a 18 años y hayan cometido un delito que no tienen pena superior a los dos años”.

Luego, Marsiglio brindó precisiones en torno a la intervención de la Justicia de menores, que si bien se limita a citarlos a una audiencia bajo el asesoramiento de un defensor, también se ordenan informes ambientales, psicológicos, “si por el entorno familiar o social puede estar en una situación de vulneración de derechos, ya sea la salud, vivienda, escolaridad”, casos que son derivados al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Por otro lado se solicita al Juzgado de Garantías el sobreseimiento en razón de la edad o del monto de la pena. “Y con eso como fiscalía penal terminamos nuestra intervención”.

Lo que aún falta

-¿Qué resortes tiene el sistema para contener al menor para corregir aquellas conductas que no implican un delito?
-Las leyes establecen ese procedimiento. Lógicamente son cuestiones que deben ser abordadas por otros organismos. También es verdad que no se han logrado completar las políticas relacionadas con la protección de derechos, por lo tanto los organismos están carentes de personal, de recursos y de políticas activas del Estado, como por ejemplo ámbitos donde esos chicos puedan tener actividades, tener un espacio que no sea la calle para que se trate de lograr su orientación hacia un proyecto de vida positivo, beneficioso para él y para la comunidad. Esas políticas todavía no están diagramadas de modo completo como debieran estar, y si bien el recorrido debería ser para esa persona, la mayoría en la práctica no se da.
-¿Qué falta para que esas políticas se puedan completar?
-Falta un poco de debate, de legislación y presupuesto. En cuanto al marco normativo estamos aplicando un sistema penal de menores para el Departamento Judicial. Este sistema se implementó en 2008 como una novedad, un cambio de paradigma, mucho mejor, más evolucionado y acorde a nuestra Constitución. Pero a esta altura del trajinado del proceso de estas leyes estamos empezando a ver cuáles son las falencias del sistema.
Se está propiciando en toda la provincia desde el Fuero Penal Juvenil una modificación de la legislación, que haya un código penal especial para los menores de 18 años, que expliquen otro tipo de alternativas; que cuando son no punibles por el monto de la pena o por la edad, que el proceso no se cierre sino que se haga otro tipo de intervención que no tenga que ver con la punibilidad, pero que sí sean medidas activas para solucionar esos conflictos. Esto requiere una legislación específica.
Después estamos propiciando la derogación de esta ley nacional, la 22.278 (el Régimen Penal de la Minoridad), porque ya está totalmente dejado de lado y genera una cantidad de contradicciones con los regímenes nuevos de legislación para jóvenes. Entonces sí se necesita que se cree un código penal específico, una reforma del código procesal específico, una ley de ejecución para el menor.
Ahora lo que se hace es una parte legislada para menores y lo que se aplica es la legislación de mayores. Esa contradicción hace que no sean muy efectivos los institutos que se aplican porque están pensados para otro rango etario, no para adolescentes.

Un sistema que requiere revisión

En otro pasaje de la entrevista con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) la fiscal de menores planteó que “si todo este nuevo paradigma de la Justicia penal de menores es a los efectos de evitar las reincidencias y sacar del círculo del delito a los jóvenes que empezaban a delinquir a una edad muy temprana, ese objetivo no se ha logrado”.

Al contrario, “vemos que el índice de reincidencia es similar al sistema anterior, al de patronato, con lo cual es urgente la revisión de esta política de menores y también la generación de recursos y personal idóneo, que resulta fundamental para que se puedan aplicar políticas creativas que den fruto”.

“Vemos que chicos empiezan a los 11 o 12 años con un daño, como romper un vidrio o hacer una pintada, siguen en ese transcurrir, después cometen lesiones, amenazas con arma, y terminan en robo. Lógicamente cuando este chico llega a los 18 años va a una cárcel”, advirtió Marsiglio.

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