¿Ya tenés una cuenta?
Inicia sesión
¿Aún no te registraste?
Registrate gratis

El Ejecutivo respaldó a Diéguez ante el pedido del juicio

El Gabinete del intendente Miguel Lunghi salió a respaldar al subsecretario de Desarrollo Social Rubén Diéguez, tras la decisión del fiscal Marcos Eguzquiza de pedir la elevación de la causa a juicio oral y público. El trabajador social, que ahora aguarda por la resolución de la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, está imputado por “Malversación de caudales públicos agravada en perjuicio de la Municipalidad de Tandil en concurso real de acciones con falsedad ideológica de instrumento público reiterados”.

Con un efecto sorpresa, desde el riñón del jefe comunal convocaron a una conferencia de prensa en la que ratificaron a Rubén Diéguez en su cargo, aclararon que no se quedó con un sólo peso del erario, reiteraron que aún no está acusado por la Justicia y confiaron en que podrán demostrar su inocencia en próximas instancias.

Además, rebatieron las pruebas del fiscal al señalar que investigó el período de 2008 a 2011 donde extendieron miles de ayudas sociales y sólo se documentaron diez casos. Sin embargo, la requisitoria menciona diez veces más. Sumado a esto, le achacaron su “intromisión” en la competencia propia de la administración municipal con respecto a la política social.

El jefe de Gabinete, Marcos Nicolini, el secretario de Legal y Técnica, Atilio Della Maggiora, el secretario de Desarrollo Social Oscar Teruggi y el subsecretario Rubén Diéguez se anticiparon a la inminente publicidad de esta información que boyaba por los pasillos de los tribunales locales. El principal argumento de la convocatoria fue la necesidad del único imputado de dar su versión de los hechos y de contestar las preguntas, aunque adelantó que no volverá a hablar de este asunto.

 

Ni un peso

 

En principio, Nicolini dejó sentado que la presentación ante la prensa respondió al pedido de elevación de la causa a juicio y a la “necesidad” de Rubén Diéguez “de poder comunicar sus sentimientos con respecto a esto, sus vivencias”. Además, comunicó la decisión del Departamento Ejecutivo de que siga en su cargo de subsecretario de Desarrollo Social hasta el 10 de diciembre como todos los integrantes de la actual gestión de gobierno.

El abogado remarcó que la medida adoptada por el Ejecutivo parte de que “en ningún momento Rubén Diéguez se ha puesto un peso en el bolsillo en la causa. Creemos que a pesar de todas las explicaciones que Rubén ha dado a la Justicia, y ha estado siempre a disposición de la Justicia. Lamentablemente el fiscal no ha comprendido esas explicaciones, pero creemos que en las instancias que vienen va a ser perfectamente aclarado y por eso Rubén continúa en su cargo”.

 

“Optimizábamos

el recurso”

 

Tras la presentación formal, Diéguez se enfrentó por segunda vez a la prensa desde que fue involucrado en las denuncias que derivaron en la presentación penal que hoy lo tiene como imputado por presuntas irregularidades en Desarrollo Social y  luego de su descargo, respondió a todas las preguntas.

En principio, sostuvo que “por la sensación, por lo que es la causa y por lo que genera en mí y en mi familia, después no voy a hablar más” y fundamentó su postura en no entorpecer el desarrollo del proceso judicial, por las personas que están involucradas y debido a que no desea retomar el tema.

Expresó que atraviesa una “situación ingrata” que también influye en la gente que lo conoce, en quienes saben cómo trabaja y en los casi doce años que lleva en la Secretaría de Desarrollo Social, ya que comenzó su gestión durante la conducción de Julio Elichiribehety.

“En esta causa en la que estoy particularmente involucrado nunca hubo un direccionamiento para que el beneficiario sea Rubén Diéguez, ni de ninguna persona en particular sino que siempre fue dirigida a una persona con necesidad y terminó en una persona que tenía esa necesidad”, dijo.

También sostuvo que desde que se integró a la secretaría “siempre se hablaba de que había un presupuesto destinado a ayuda a indigentes. Nosotros no tomamos el concepto de indigente para la ayuda sino el concepto de necesidad”.

En este sentido, describió que entre los destinatarios de esos recursos “están las familias que son crónicas, que históricamente van a ser asistidas por la secretaría; está aquel que por un hecho particular necesita una ayuda; están las personas que por coyuntura, que tampoco son indigentes pero de repente necesitaron ayuda como fue en la crisis de la metalmecánica; y también está la gente que tampoco la podemos separar en el contexto actual del momento que vivió”.

Diéguez fundamentó que cuando llegaron al Gobierno había 3500 planes sociales, dirigidos a vecinos que hacían una contraprestación a cambio de un beneficio. “Nosotros tomamos esa metodología”, dijo y explicó que a quienes tenían un oficio les ofrecían tomar la ayuda y su contraprestación colaboraba con otras personas. “Nosotros lo que hacíamos era optimizar el recurso”, argumentó y destacó que el contraprestador “se valorizaba como persona y no tomaba la ayuda como si fuera una dádiva”.

Sobre la denuncia, aseveró que “todos y cada uno de los casos, que no voy a dar detalles puntuales,  terminó en una persona con una necesidad, sea por una problemática social, para evitar un conflicto social o para resolver un caso puntual. Quizás sí esta urgencia, este apuro por resolver la situación, nos llevó a que no estuviéramos administrativamente dentro de los cánones que se indican pero a veces no se pueden esperar esos tiempos. Entonces, el apuro por resolverlo lleva a que pasen estas cuestiones”.

Reconoció que en el período que investigó el fiscal Eguzquiza, “omitimos que cuando se hacía la ayuda, se la hacía a la persona que la recibía y contraprestaba y no al beneficiario. En cada una de mis cuatro declaraciones al fiscal se le dijo dónde fueron destinados cada uno de los recursos y los recursos que salieron de la secretaría están en una persona que tenía una necesidad. No están en la casa de ninguno de los funcionarios ni fue en beneficio propio”.

Diéguez no descartó la posibilidad de atravesar el debate oral y público ya que tendría posibilidades de sortear esa instancia con un juicio abreviado. “Soy muy respetuoso de la Justicia. De hecho, siempre desde la secretaría se trabajó en conjunto con la Justicia y estoy dispuesto a ampliar la misma aclaración que le hice al fiscal en el ámbito que sea porque estoy convencido de que las cuestiones que se hicieron fueron sin ninguna animosidad”, afirmó. u

 

 

 

 

////////////secundaria////////////

 

Argumentaron que existe “intromisión” de

la Justicia en la administración municipal

 

El secretario de Legal y Técnica Atilio Della Maggiora advirtió que en esta causa “compleja”, la Justicia podría incurrir en “cierta intromisión” en las competencias que son propias de la administración municipal como la planificación de las políticas sociales.

El funcionario manifestó que “es una causa bastante compleja porque en la medida en que tenemos que entrar a considerar si el beneficiario de una ayuda es indigente o no, de alguna manera nos vamos a encontrar con que el Poder Judicial va a tener cierta intromisión en decisiones que son propias del ámbito de la administración municipal”.

Y advirtió que “el diseño de la política social lo hace el Municipio en base a su visión de lo que es la seguridad social o la asistencia. Por lo tanto, los funcionarios del área definen bajo qué pautas de trabajo dan la ayuda social. Si lo van a hacer bajo el paraguas de la indigencia, o de conceptos más modernos como la pobreza o de la vulnerabilidad o de la exclusión. En la medida en que yo corro el paraguas, doy ayuda a otro tipo de universo y esto nos lo está cuestionando el fiscal. De alguna manera nos está diciendo ‘para mí tiene que ser solamente al indigente extremo’, cuando sabemos todos que la política de todos los gobiernos nacional, provincial y municipales, es expandir la asistencia social”.

Concluyó que “hay claramente una idea, por lo menos de la investigación que está llevando adelante el fiscal, de ir expandiéndose en las definiciones políticas propias del gobierno y el gobierno fija el criterio de hasta dónde ayuda”.

En igual sentido, analizó que “cuando la gente voluntariamente se ofrece a hacer una contraprestación no es un defecto del sistema, es una virtud del sistema” y citó los planes Trabajar y Jefas y Jefes de Hogar.

“Ahora el fiscal dice que esta contraprestación es contratación de servicios ilícita. Evidentemente estamos hablando idiomas diferentes”, cerró.

 

“Explicaciones

exhaustivas”

 

El letrado también realizó algunas consideraciones “en el marco del más absoluto respeto hacia la investigación judicial, del proceder tanto de la fiscalía como de los magistrados que tienen que ir interviniendo a lo largo de la causa”.

Tras esa aclaración, planteó “algunas conclusiones que a esta altura son definitivas” y puso como ejemplo, “lo que Rubén (Diéguez) señalaba a título personal y es que no hay ningún tipo de imputación relacionada con que él o ningún otro funcionario o persona que trabajara en el área que pueda ser considerado autor de algún otro tipo de delito como podría ser peculado, enriquecimiento ilícito, etcétera”.

Della Maggiora citó que “incluso, el propio fiscal hace una afirmación en este sentido, cuando hace sus nuevas presentaciones judiciales. Así que es un dato absolutamente central porque en definitiva lo que se va a seguir debatiendo en la causa es si hay algún tipo de irregularidad administrativa, en el procedimiento administrativo en el otorgamiento de la ayuda y si esa irregularidad, en caso de existir, puede ser considerada delito. Ahí estaría el meollo de la discusión”.

El letrado destacó que Diéguez declaró en cuatro ocasiones durante 2013 y brindó “explicaciones minuciosas y exhaustivas” sobre las razones, circunstancias, destinatarios y quiénes cobraron la ayuda en cada uno de los casos denunciados.

“Evidentemente el fiscal no está compartiendo esas explicaciones y por lo tanto ha decidido darle inicio a una nueva etapa de la causa que va a transcurrir ante el Juzgado de Garantías. La causa todavía desde el punto de vista procesal está en sus momentos iniciales. Recién se ha agotado la primera de las etapas de la causa, que es la investigación penal preparatoria”, dijo.

Y reconoció que el requerimiento de elevación a juicio “significa que el fiscal considera que hay motivos para dar apertura a un debate. No está acusando, no es técnicamente una acusación”.

Nota proporcionada por :

Deja un comentario