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“En Tandil hay buena voluntad para trabajar en la agenda de acceso a la información pública”

Todos los 28 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Acceso a la Información, también conocido como Día Internacional del Derecho a Saber, para promover la transparencia de los gobiernos e impulsar políticas que garanticen el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

El debate en Tandil se ha generado en las últimas semanas cuando desde el Ejecutivo presentaron un proyecto para promover el acceso a la información pública, que tiene por objetivo garantizar ese derecho, “promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido”.

Según se informó oportunamente desde este medio, la propuesta busca reglamentar y garantizar el efectivo derecho a buscar, solicitar y recibir información pública, y entre los principios el cuerpo de la ordenanza alude a la publicidad y transparencia, donde toda la información en el Estado municipal se presume pública y por lo tanto debe ser accesible; al informalismo, en el que la no utilización de reglas de procedimiento no puede fundar el rechazo de solicitud de información; y al máximo acceso, según el cual la información debe ser completa, desagregada y accesible por múltiples medios.

El Eco de Tandil dialogó con Guadalupe López, Directora de Acceso a la Información Pública de la PBA y Presidenta de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, sobre el trabajo que vienen realizando desde el gobierno bonaerense sobre la temática y la mirada que tienen sobre el proyecto de ordenanza de Tandil.

¿Por qué resulta trascendente hablar de acceso a la información pública?

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental vinculado directamente a la libertad de expresión, reconocido y consagrado por diversos organismos internacionales de derechos humanos. Es un instrumento de control de la gestión y a la vez un “derecho llave” que permite acceder a otros derechos esenciales.

En todo el mundo debe haber más de 100 países que tienen leyes de acceso a la información pública. La primera norma que reconoce este derecho es la “Freedom of the press act” de Suecia, que en el año 1776 vincula expresamente el ejercicio de la libertad de prensa con el acceso a la información pública. De ahí en adelante diferentes países han avanzado en normativas en la materia, con un énfasis mayor en los últimos años.

En América Latina dos hitos fundamentales marcan el avance de esta agenda en la región. En primer lugar, el caso «Claude Reyes vs. Chile» que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2006 y en un fallo ejemplar reconoció el derecho de acceso a la información como derecho humano integrante del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Luego, la Ley modelo de acceso a la información pública elaborada por una comisión especial de la OEA en 2010, incorpora varios estándares que ya habían sido reconocidos por otros organismos internacionales, y se toma como marco base para la elaboración de normas en toda la región.

¿Y cuándo se empezó a trabajar en el país con este tema?

Los primeros debates legislativos en la Argentina sobre acceso a la información pública son de principio del siglo XXI. En el año 2003 se dictó el Decreto 1172, que reconoció el derecho de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo. Posteriomente, hubo diversos proyectos de ley que perdieron estado parlamentario a pesar del esfuerzo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en la materia. Finalmente, después de 15 años y gracias al impulso del Ejecutivo Nacional que puso este tema como prioridad en la agenda, hoy tenemos una Ley nacional que abarca a todos los poderes del Estado e incorpora los estándares internacionales en la materia, ley que fue aprobada por una amplia mayoría legislativa.

¿Por qué si está la Ley aún en los municipios no se adoptó?

Porque las Provincias y los Municipios son autónomos. Si bien la ley invita adherir, cada jurisdicción puede hacerlo o sancionar su propia normativa de acuerdo a su realidad. Por otra parte, según un relevamiento que realizamos en el marco de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, de las 24 jurisdicciones del país, 18 tienen normativas sobre acceso a la información, que datan desde el año 1984 en adelante, con lo cual nos encontramos con un escenario muy dispar a lo largo y ancho del país.

En la Provincia estamos trabajando en la implementación de la normativa vigente y también en la elaboración de un nuevo marco normativo acorde a los estándares internacionales. Por otra parte, estamos promoviendo la sanción e implementación de normativas a nivel local. Hemos trabajado con la gente de Tandil y otros municipios sobre una ordenanza modelo acorde a los estándares internacionales, pero que es bastante flexible para adaptarse según las diferentes realidades de cada jurisdicción. Hoy más de 30 municipios en toda la Provincia están trabajando en iniciativas de acceso a la información pública y apertura de la gestión.

Específicamente, ¿cuál sería el beneficio para un vecino común de que se apruebe la norma?

Lo que hace la norma es garantizar el derecho de acceso a la información pública a toda persona en el ámbito del Estado municipal. Permite que cualquier vecino pueda solicitar información evitando la discrecionalidad del funcionario de turno. Por ejemplo, los vecinos podrían solicitar información sobre el presupuesto del municipio y cómo se destinan las partidas presupuestarias a las diferentes áreas de Gobierno; o conocer los recursos y el estado de avance de las obras que realiza el municipio, o solicitar información sobre los programas, profesionales, e insumos con los que cuenta el hospital municipal.

¿Pero ya no está garantizado de por sí el acceso a la información, es decir, no debería ser pública la información de cualquier Estado?

Lo único que permite garantizar el acceso a la información en cualquier nivel del Estado es la existencia de un marco normativo, de lo contrario el acceso queda supeditado al criterio de transparencia que tenga cada gestión.

Sancionada una normativa de este tipo, ¿cuál es el tiempo de respuesta por parte de un Municipio al pedido de información?

El estándar internacional para el tiempo de respuesta una vez realizada la solicitud de información es entre 10 y 15 días hábiles. De todos modos, nunca hay que perder de vista el contexto y la realidad de cada localidad para poder disponibilizar determinada información. Es una ecuación en la que entran no sólo los tiempos de la administración sino también el estado de avance de la modernización de los procesos y la gestión documental. Quiero decir, para poder entregar información debo tenerla disponible en primer lugar, y no necesariamente es así.

¿El Municipio debería además poner a disposición los datos de su administración en pos de la mentada transparencia?

Hay dos instancias del acceso a la información pública. Lo que se denomina “transparencia pasiva” que es cuando alguien solicita información, y también “transparencia activa”, que es la información que la administración pública de manera proactiva. Las normas suelen tener un apartado dedicado a la transparencia activa, y hay estándares internacionales a seguir con el tipo de información que la administración debe publicar.

No hay gobierno abierto sin acceso a la información pública. La información que publica la administración de manera proactiva estadísticamente nunca puede cubrir al 100% las necesidades de información de la sociedad civil. Por ello, es fundamental comprender la parte activa y pasiva, como componentes de una misma agenda de transparencia, que promueva el control de la gestión y la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.

¿Desde la Dirección tienen un panorama de lo que pasa en la Provincia?

Desde el Estado provincial, junto a los municipios, comenzamos un relevamiento que permita conocer el status del acceso a la información pública en los municipios. En una primera etapa abordamos 79 municipios, y ahora estamos avanzando en el relevamiento de los 56 municipios restantes. La idea es tener el mapa completo de la provincia para fines de este año.

De los 79 municipios relevados, hay 20 que tienen algún tipo de normativa en la materia, 17 que no tienen, 24 que están trabajando en algún proyecto, y 18 que manifestaron interés en avanzar en esta agenda.

¿Y el trabajo que realizan de qué se trata?

Al día de hoy, estamos en contacto con más de 30 municipios que están avanzando en la agenda de transparencia y acceso a la información, y esperamos sumar más en lo que queda del año. En muchos casos, los avances están orientados a la apertura de la gestión y el gobierno abierto. Son distintos grados de avance de una agenda que prácticamente no se estaba tratando en la Provincia.

¿Tandil es uno de esos casos?

Sí, con la gente de Tandil hemos estado en conversación y trabajando en conjunto. Hay muy buena voluntad para avanzar en esta agenda. Estamos en un año electoral con lo cual los procesos se dilatan un poco, pero creo que es una cuestión de tiempo. Tarde o temprano se podrá avanzar en términos concretos en esta agenda porque el norte ya está marcado.

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