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La acusación del fiscal deja complicado a Diéguez de cara al juicio

La llamativa conferencia de prensa propiciada por el gabinete lunghista anoticiando sobre la elevación a juicio de la causa que imputa al subsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, pretendió marcar la cancha y manejar la agenda, poniendo en tela de juicio la instrucción judicial que, en definitiva, no hizo más que confirmar  la responsabilidad penal del señalado, al que se le endilga el delito de “Malversación de caudales públicos agravado en perjuicio de la Municipalidad de Tandil, en concurso real de acciones con falsedad ideológica de instrumento público, reiterados”.

Más allá de las expresiones del propio involucrado, el secretario legal comunal, Atilio Della Maggiora, y el mismísimo jefe de Gabinete Marcos Nicolini, aseverando que no existe delito y la errónea interpretación del Ministerio Público, el expediente judicial al que tuvo acceso este Diario contiene elementos contundentes que llevaron al fiscal a las conclusiones de su pesquisa.

Por lo que se desprende de la causa, no se trata de “unos pocos hechos aislados” como afirmó el lunghismo. Se trata de decenas de casos en donde los propios vecinos (varios integrantes de una misma familia) que recibieron la falsa ayuda social, confirman un mecanismo aceitado que buscó (y lo logró) eludir los pasos burocráticos formales que obliga la Ley Orgánica de las Municipalidades, como el propio Tribunal de Cuentas.

A su vez,  la “urgencia” que el lunghismo alega sobre los casos ventilados, lejos conmueven el criterio fiscal, quien se tomó el trabajo también de echar por tierra la presunta necesidad de apelar a fondos destinados para indigentes para cubrir el pago de personas que, tranquilamente, podrían formar parte del listado de proveedores del Municipio.

Evitando citar las identidades de las decenas de testimonios que declararon en la instrucción, se puede afirmar que se trató de un modus operandi naturalizado en la esfera de la sensible área comunal oportunamente liderada por Julio Elichiribehety y Oscar Terruggi, después, hasta la actualidad.

 

La acusación

 

Concretamente, al decir del fiscal Marcos Eguzquiza, Diéguez “con el fin premeditado de eludir el trámite reglamentario establecido (por la Ley Orgánica de las Municipalidades, la Ley de Contabilidad y complementarias), para la contratación de servicios y compras de artículos requeridos usualmente por la actividad propia de la Secretaría de Desarrollo Social, por lo menos desde el año 2007 hasta el 2011, en reiteradas oportunidades dio a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados -esto es, brindar apoyo económico de emergencia a indigentes, grupos más vulnerables o en situación de riesgo social-, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados”.

La acusación expresa que se implementaba en forma sistemática la realización de falsas solicitudes de ayudas sociales argumentando razón de indigencia en favor de los terceros que contrataban con la dependencia municipal, las que se documentaban con la suscripción por parte de los proveedores de formularios preparados según el reglamento interno de la Secretaría y se autorizaban con la firma de Diéguez, quien fingía como trabajador social que certificaba la supuesta indigencia del solicitante, insertando de esta manera el titular de la Subsecretaria de Desarrollo Social local, en forma constante, en cada una de las solicitudes de ayuda social que resultan instrumentos públicos, declaraciones falsas que los documentos debían probar, afirmando una necesidad económica de cada uno de los peticionantes inexistente o equívoca y omitiendo los ingresos que efectivamente tenía cada uno de los receptores, se consignaba falsamente en las “carátulas” la realización de inexistentes informes socioeconómicos a los fines de avalar la carencia que debía ser satisfecha por su situación de vulnerabilidad, se indicaba falsamente la cantidad de familiares a cargo del peticionante, como asimismo se incluían como beneficiarios familiares o allegados de la persona que realizó la contraprestación.

Una vez concretados los pedidos de ayuda, las mismos eran remitidos, junto a un listado general de todos los pedidos de ayuda directa, para su aprobación y el pago por ventanilla de las sumas de dinero correspondiente a través de la Secretaría de Economía municipal, consistiendo estas sumas de dinero en contraprestación por servicios de diferentes tipos, tales como trabajos de locación de obras determinadas y horas extras y jornadas laborales de personal temporario municipal, como así también provisión de materiales y artefactos varios, aunque se hacían documentar como beneficios sociales afectados a la partida presupuestaria en favor del contratante.

Según el precio convenido, cuando el monto era excesivo y podía llamar la atención o resultar sospechosa su afectación al rubro presupuestario Ayuda Social Directa, la cantidad se descomponía en sumas más pequeñas que, con igual procedimiento, eran pagadas a diferentes familiares y allegados del prestador, algunos de los cuales igualmente se hallaban registrados como proveedores del Municipio de Tandil, maniobra de desviación que también era usualmente realizada cuando el receptor del beneficio era empleado municipal.

Otro párrafo de la imputación refiere a que la “desviación de las partidas asignadas y la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado provocó indefectiblemente un sustancial perjuicio a la población que se encontraba realmente en situación de vulnerabilidad en la ciudad,  quienes a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas”.

 

 

Fundamentos

 

Concretamente, el subsecretario, con el fin premeditado de eludir el trámite reglamentario establecido para la contratación de servicios y compras, daba a los fondos de la partida Ayuda Social Directa, perteneciente al Presupuesto General de Gastos del Municipio, un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados -esto es, brindar apoyo económico de emergencia a indigentes o grupos más vulnerables-, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados.

De este modo, se ordenaba a los empleados de la dependencia la implementación de falsas solicitudes de ayudas sociales en razón de indigencia, en favor de los terceros que contrataban con la dependencia municipal, las que se documentaban con la suscripción por parte de los proveedores de formularios preparados según el reglamento interno de la Secretaría y se autorizaban con la firma de Diéguez, quien fingía como trabajador social que certificaba la supuesta indigencia del solicitante, insertando de esta manera, en forma reiterada y en cada una de las solicitudes de ayuda social, declaraciones falsas afirmando una necesidad económica de cada uno de los peticionantes, y se consignaba la realización de inexistentes informes sociales a los fines de avalar la carencia que debía ser satisfecha y a su vez la situación de vulnerabilidad.

Una vez concretados los pedidos de ayuda, los mismos eran remitidos, junto a un listado general de todos los pedidos de ayuda directa, para su aprobación y el pago por ventanilla de las sumas de dinero correspondiente a través de la Secretaría de Economía municipal, consistiendo estas sumas de dinero en contraprestación por servicios de diferentes tipos tales como trabajos de locación de obras determinadas y horas extras de personal temporario municipal como así también provisión de materiales y artefactos varios aunque se hacían documentar como beneficios sociales afectados a la partida presupuestaria en favor del contratante. Que según el precio convenido, cuando excedía la suma reglamentaria para ser afectada al rubro presupuestario Ayuda Social Directa, la cantidad se descomponía en sumas más pequeñas que, con igual procedimiento, eran pagadas a diferentes familiares y allegados del prestador, algunos de los cuales igualmente se hallaban registrados como proveedores del municipio.

Dicha desviación de las partidas asignadas, por la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado provocó indefectiblemente un substancial perjuicio a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en la ciudad y partido de Tandil quienes, a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas.

 

Mendacidad y

mala justificación

 

El fiscal también se detuvo en la “mendacidad y mala justificación” que se desprende de lo declarado en las distintas oportunidades por Diéguez, por las cuales negó primeramente los hechos que se le imputan -intentando explicar cuál era el funcionamiento administrativo de la Secretaría y cuál era el trámite para el otorgamiento de las ayudas económicas directas-, para luego referirse puntualmente a cada uno de los casos en los que se le imputan los delitos en cuestión, lo cual en nada obsta a la posibilidad de comisión de los mismos y no hace más que ser un falso intento de desprenderse de la imputación.

En este aspecto, es dable puntualizar que sus dichos respecto a cómo resulta ser el trámite correcto para el otorgamiento de las ayudas sociales directas, difiere en la práctica realizada en los distintos centros comunitarios de la ciudad, tal y como ha sido manifestado por algunas de las trabajadores sociales a las que se recibió declaración testimonial, tal lo expresaron otras trabajadoras sociales de centros comunitarios.

 

El Tribunal de Cuentas

 

La acusación se vale de un valor probatorio que señala como fundamental lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, quien consultado respecto a los requisitos establecidos normativamente para el otorgamiento de ayudas sociales, si corresponde contraprestación por la ayuda social asignada, y cuáles son los parámetros para considerar un ciudadano indigente, indicó taxativamente lo que se requiere, en contraposición a lo que se hizo en la comuna.

“Lo informado por el Tribunal de Cuentas desmiente lo indicado por el imputado al prestar declaración, quien manifestara que resultaba innecesaria la práctica de un informe socioeconómico, y que el número consignado en cada carátula no correspondía a un número de informe social (como el sector lo indicaba) sino que era un número interno. Sin dudas, en las peticiones de ayuda se consignaba falsamente un número de informe, porque los operadores del sistema tenían cabal conocimiento de la exigencia en dicho sentido imponía el art. 130 de la Ley de Contabilidad, pero realmente esos informes nunca se practicaron, y sólo se especificó un número ficticio para cumplir con las formas exigidas por los organismos de control”.

A su vez, también desmiente lo manifestado por Diéguez en el sentido de que no se hallaba prohibida la exigencia de una contraprestación por cada ayuda social, el Tribunal de Cuentas resultó claro: la exigencia de una contraprestación “es un acto contrario a la naturaleza jurídica de este tipo de beneficio” (sic).

A más claridad, basta con detenerse a leer lo expuesto por el fiscal: “Se otorgó ayudas sociales a personas que no eran carenciadas o indigentes, supliendo con dichos subsidios situaciones que debían resolverse por otras vías administrativas (contratación directa, licitación, etc.). Tampoco eran situaciones que ameritaran una resolución inmediata.

Para finalizar, el fiscal señala que se distorsionó el uso de los subsidios a los fines de cubrir necesidades que no resultaban urgentes, menos aún eran inhabituales, en clara contraposición a lo pautado por el Tribunal de Cuentas Provincial.

“Resulta notorio que no podían catalogarse de inhabituales, considerando la gran cantidad de subsidios otorgados a cada persona, y en muchos de esos casos, a varios integrantes del grupo familiar, como fuera detallado al describir los hechos punibles”.

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