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La Justicia dictó una medida de no innovar en el polémico loteo de avenida Don Bosco

La titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 3 de Tandil, Dra. Mónica Stella González Aloritta, dictó una medida cautelar que suspende el tratamiento legislativo del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Miguel Lunghi y la familia Segurola. En la sentencia, también determinó la prohibición de innovar físicamente respecto a los lotes que integran el plan de urbanización objeto del acuerdo, que está ubicado en avenida Don Bosco.

La sentencia se produjo en respuesta al recurso de amparo que había presentado a mediados de abril Nora González, integrante de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil, con el asesoramiento del abogado Santiago Romay.

En principio, el trámite judicial se demoró debido a que fue rechazado por el Juzgado Civil y Comercial 3, pero la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata obligó a brindarle despacho.

Mientras tanto, en el transcurso de estos meses, el convenio urbanístico no logró el consenso político necesario -dos tercios de los votos- para su aprobación y fue derivado al Departamento Ejecutivo en busca de alguna alternativa que conduzca a la regularización del loteo. A partir de entonces, no hubo novedades ni soluciones tendientes a destrabar el conflicto.

El trámite para el loteo que la familia Segurola proyectó sobre el predio de la turística avenida Don Bosco generó numerosos cuestionamientos políticos y de organizaciones sociales. En principio, debido a que se realizó sobre tierras que habían sido declaradas por la Legislatura provincial (Ley 12.819) como sujetas a expropiación por parte del Municipio. Vencido el plazo estipulado por la normativa, los herederos comenzaron a gestionar un loteo que quedó en el medio del cambio de legislación, a partir de la entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial. Sin contar con la aprobación de los planos, se vendieron varias parcelas y hasta se construyó alguna casa.

Ante la situación, luego del análisis de todas las áreas competentes, desde el Departamento Ejecutivo propusieron la firma de un convenio urbanístico a partir del cual la familia Segurola donaba al Municipio la parte más alta de las tierras, destinadas a concretar un parque público. Como contrapartida, se le otorgaban los indicadores a esa zona, que figura como Zona Especial de Interés Urbanístico (ZEIU) en el PDT.

Los argumentos

En la sentencia, la doctora González Aloritta advirtió que “toda actividad humana individual o colectiva que ataca los elementos del patrimonio ambiental causa un daño social por afectar los llamados ‘intereses difusos’ que son supraindividuales, pertenecen a la comunidad y no tienen por finalidad la tutela del interés de un sujeto en particular sino de un interés general o indeterminado en cuanto a su individualidad”.

La magistrada agregó que en este caso, “la concreción del convenio urbanísticos denunciado luce con aptitud suficiente para generar el daño ecológico aludido cuya eventual irreversibilidad justifica la procedencia de la medida cautelar solicitada, ínterin se realice la pericia ambiental requerida y resulten oídos la totalidad de los involucrados”.

La presentación

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil había planteado que la aprobación del convenio urbanístico “afecta directamente al medioambiente y a la salud de todos los vecinos de Tandil”, pero además cuestionó que implicaría avalar “una matriz de desarrollo urbano que posee su génesis en las decisiones absolutamente discrecionales y arbitrarias del Poder Ejecutivo comunal, desoyendo los mínimos principios de protección ambiental y de salubridad, beneficiando únicamente a un sector especulativo mínimo de la sociedad en desmedro de la gran mayoría y convalidando actuaciones de privados en connivencia con el sector público que se encuentran realizando negocios inmobiliarios que lindan con la ilegalidad”.

En relación al medioambiente, consignaron que en el expediente municipal no figuran las propuestas para resolver la dotación de los servicios de agua y cloacas en el loteo, pero además no se realizó un estudio de impacto ambiental antes de que el Intendente firmara el convenio urbanístico que rechazó la Asamblea.

Por otra parte, indicaron que en el 2008 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Tandil y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (Cinea) que pertenece a la Unicén, con el objetivo de realizar un estudio hidrogeológico para profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad del recurso hídrico en el área, que no fue difundido entre la comunidad ni adjuntado al expediente de la urbanización.

Ese estudio arrojó que a raíz del espesor del acuífero “se trata de una zona extremadamente compleja para la explotación de agua subterránea, debido a que el relieve se encuentra controlado por el basamento cristalino muy cercano a superficie y en sectores aflorando, con un escaso espesor saturado de los sedimentos sobrepuestos, que limitan la transmisividad del sistema”.

A partir de esas conclusiones, resaltaron “el loteo del predio con una densidad poblacional de 90 habitantes por hectárea aumentaría de manera importante la descarga de aguas pluviales y/o resultantes de potenciales sistemas de tratamientos de efluentes en el arroyo La Cascada”.

A todo esto, le añadieron que vecinos de la zona ya advirtieron sobre la escasez de agua y en el 40 por ciento de los pozos analizados se determinó que el valor de nitratos superó lo recomendado por el Código Alimentario Argentino, lo que se traduce en riesgos para la salud. Además, se hallaron bacterias contaminantes de diversos tipos.

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