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«La Usina adeuda más de 35 millones de pesos a la administradora eléctrica»

Confirmado el tarifazo, el concejal del Frente para la Victoria, Rogelio Iparraguirre, denunció ayer -en una entrevista con El Eco de Tandil– que “desde junio de 2015, la Usina Popular y Municipal de Tandil dejó de pagar unilateralmente a la Compañía Administradora del Mercado Estatal Eléctrico (Cammesa) por la energía que recibe del sistema”. El edil develó que la deuda “asciende a más de 35 millones de pesos” y exigió respuestas de las autoridades.

Iparraguirre planteó en principio la “paradoja” del ente mixto, que anuncia la suba de tarifas, pero “no paga la luz”. En detalle, develó que se adeudan desde junio de 2015 a enero de este año “más de 35 millones de pesos”, que “es casi el equivalente a lo que en un año la Usina recauda del pago de luz de los usuarios, sea residencial industrial, o comercial”, analizó.

Explicó que fue notificado de la situación, en diciembre de 2015, desde el directorio de Cammesa cuando, por otras gestiones que se encontraba realizando -vinculadas a un programa de seguridad eléctrica para hogares precarios-, le informaron sobre “esta deuda que mantiene Tandil con la administradora”.

Asimismo, resaltó que “la deuda que mantiene el Estado nacional con la Usina por dejar de enviar los desembolsos de fondos comprometidos en el acuerdo federal de convergencia tarifaria asciende a los 8,5 millones de pesos”, con lo cual deslizó que “existe una alarmante diferencia de 26,5 millones de pesos entre lo que adeuda hoy la Usina y lo que el Estado nacional, a su vez, le debe a la empresa local”.

Rogelio

Las incógnitas

 

Advirtió frente a ello que surgen “tres preguntas fundamentales”. En primer lugar: “¿Por qué la Usina de Tandil decidió de manera unilateral dejar de pagar por la luz que recibe y por qué esto se hizo de forma deliberada y se ocultó a los usuarios del servicio?

En segundo lugar: ¿Dónde está ese dinero? ¿Se fue haciendo un depósito judicial a lo largo de esos meses en los que se decidió no pagarle más a Cammesa? ¿Está guardado en cuentas de la Usina? ¿Se lo puso a `trabajar´ -como usualmente se dice-, para hacer rendir intereses y, en todo caso, cuáles son y dónde están? ¿Se utilizó para obras? Aunque dicen, en realidad, que no pudieron hacer las obras”.

Respecto a esto último, el concejal del FPV remarcó que lo “paradójico” también es que el propio presidente de la Usina, Matías Civale, informó que “el plan de obras viene atrasado, pero dejaron de pagar más de 35 millones de pesos”.

“Y la tercera pregunta -enfatizó el edil- es si ya se firmó el acuerdo de pagos con el Ministerio de Energía y Minería -tal como lo establece la Resolución 6 y el anexo, la Resolución 7, con fecha de 25 de enero, que establece a nivel nacional los aumentos en las tarifas y es la que en este caso emula la Resolución 22, del viernes pasado, de la Provincia de Buenos Aires”.

 

El acceso a las tarifas diferenciales

 

Advirtió en ese sentido que “esa resolución es fundamental porque en sus artículos 5, 6 y 7 se destacan las tarifas diferenciales. El artículo 5 refiere al ahorro que van a poder hacer en tarifas aquellos usuarios que consumiesen entre un 10 y un 20 por ciento menos respecto al mismo mes del año anterior; el artículo 6 detalla el ahorro al que podrían acceder aquellos usuarios que ahorrasen arriba de un 20 por ciento, es decir, consumiesen más de un 20 por ciento menos que igual mes que el anterior año; y el artículo 7, que es fundamental, que habla de la famosa tarifa social”.

En orden a lo establecido, Iparraguirre subrayó que “el tema es que en el artículo 9 de la Resolución del ministro se establece que no podrán acceder a ninguna de esas tarifas diferenciales los distritos que, a la fecha de la publicación de esta resolución, mantuviesen deudas mayores a 30 días corridos con Cammesa; o los que pasados  los 30 días de publicada la resolución ministerial no hubiesen firmado un acuerdo ya para establecer planes de pago”.

Señaló que los 30 días “ya se vencieron el pasado 25 de febrero”, por lo que insistió entonces en conocer “si se firmó o no el plan de pago con Cammesa para saldar la deuda de 35 millones de pesos y cuáles son los detalles ¿Por qué los tandilenses no conocemos los detalles de este acuerdo?, siendo que corresponde a plata que hemos abonado el conjunto de los usuarios del servicio eléctrico de nuestra ciudad”.

En caso de no ser así, advirtió el concejal del FPV que los beneficiarios de las tarifas diferenciales no estarían en condiciones de acceder a los beneficios, aunque dedujo que “se tiene que haber firmado”, teniendo en cuenta que hace pocos días hubo un encuentro entre las usinas, cooperativas y las empresas eléctricas de la provincia de Buenos Aires con Cammesa, concretado en Tandil.

 

Conocimiento vs. desconocimiento

 

De todos modos, el concejal señaló que “no basta con apelar al sentido común, sino al conocimiento de información vital, importante y sensible que, hasta ahora, a los tandilenses nos ha sido ocultada, así como nos fue ocultada la decisión de dejar de pagar, y aún no sabemos si se firmó el acuerdo con Cammesa, que es una condición excluyente para acceder a las tarifas diferenciales”.

Por otro lado afirmó que “escuchando y leyendo al presidente de la Usina entiendo que incurre en un error involuntario, producto tal vez del desconocimiento cuando habla de la tarifa social, que es la que debería alcanzar a la cuarta parte de usuarios de esta ciudad. Civale refiere que la tarifa social es para aquellos que cumplen con ciertos requisitos y tengan un consumo de hasta 300 kw por mes. Y en esto hay un error importante porque en realidad lo que establecen las dos resoluciones es hasta 150 kw”.

Recolectan firmas en la Provincia en rechazo al aumento de tarifas

 

En el marco del tarifazo, el concejal del FPV informó que el Partido Justicialista de la Provincia junto a sus intendentes, legisladores nacionales, provinciales y locales, la CGT, las cámaras empresariales, y las federaciones de comercio y fuerzas vivas iniciaron una campaña de recolección de un millón de firmas en rechazo a la suba.

En principio, Iparraguirre advirtió que desde el PJ provincial se rechaza el “brutal” aumento de tarifa eléctrica porque “es ilegal y perjudica a los sectores sociales que más necesitan el acompañamiento del Estado”.

La campaña también apoya y adhiere a la iniciativa impulsada por legisladores de la Provincia del Frente para la Victoria, quienes presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto las resoluciones gubernamentales mediante las que se adoptó el aumento.

Sobre esta iniciativa Iparraguirre explicó que “en toda la provincia de Buenos Aires estamos juntando un millón de firmas para poder establecer una iniciativa popular -tal como lo establece el Artículo 39 de la Constitución Nacional-, que dice que se necesita un 3 por ciento del padrón electoral nacional para que la iniciativa popular tome estado legislativo”.

Planteó que “si pensamos que el 3 por ciento del padrón nacional son casi unas 800 mil personas, estamos juntando un millón de firmas para establecer ello. Ya que, a su vez, se ha violado el artículo 42 de la Constitución Nacional que establece para todas aquellas decisiones del Estado que lesionen los intereses del común de todos los ciudadanos el mecanismo de la Audiencia Pública”.

En segundo lugar, se planteará “modificaciones en la tarifa social”, considerándola “insuficiente”, ya que sólo cubre 150 kw por mes, afirmó. “Según informa la propia empresa Edenor, una heladera de 150 watt de potencia, consume 0,063 kw por cada hora de funcionamiento, lo que significa un consumo de 45,36 kw al mes. Por ese motivo es imprescindible elevar la tarifa social a, como mínimo, 300 kw al mes”, se fundamenta en el marco de la iniciativa.

Además reclaman “la gradualidad de los incrementos” y “el tratamiento especial a usuarios electrointensivos y electrodependientes”.

Respecto a esto último, el edil explicó que “debe considerarse un régimen especial que exima del aumento a los usuarios electrointensivos de familias trabajadoras y humildes. Se trata de aquellos hogares que, al no contar con gas de red, estructuran la calefacción, el agua caliente y la cocina mediante la electricidad. Y también debe considerarse la situación de los usuarios electrodependientes, como es el caso de los enfermos y pacientes que obligatoriamente deben utilizar equipos de asistencia movidos a electricidad”.

Y, entre otros puntos, recalcó que también plantean el cuidado “a las pymes y a los pequeños comerciantes locales”. Iparraguirre señaló en tal sentido que es necesario considerar un régimen atenuado de actualización tarifaria para todas las pequeñas y medianas empresas, que son las que sostienen casi 8 de cada 10 puestos de trabajo en todo el país, del mismo modo que debe atenderse a los pequeños comerciantes locales, asignándoles condiciones tarifarias que permitan competir con las grandes cadenas.

De esa manera sintetizó que el Partido Justicialista provincial junto a otros actores sociales inició una campaña de “recolección de un millón de firmas para someter a iniciativa popular el aumento de la tarifa eléctrica, en términos del Artículo 39 de la Constitución Nacional y la Ley 24.747, a la vez que apoya la iniciativa impulsada por legisladores bonaerenses del Frente para la Victoria, quienes presentaron un recurso de amparo para dejar sin efecto el aumento”.

 

“Lo que queremos saber es dónde está el dinero”

 

En el marco de su denuncia, Iparraguirre consideró que durante estos meses Civale lo que hizo fue “omitir” la deuda que se iba acumulando y señaló que recién ahora, cuando se conoce el impacto del incremento, que -criticó- “fue desproporcionado y de un día para el otro”, tal como lo establecen las resoluciones, tanto del ministerio de la Nación como de la Provincia, se lo escuchó decir que la Usina de Tandil tenía “una deuda muy importante”.

“Durante diez meses -insistió el edil- los tandilenses no conocimos esta deuda y lo que queremos saber es dónde está el dinero”, concluyó.

 

El crecimiento durante el kirchnerismo

 

En relación a la desinversión mencionada, tanto por el presidente de la Usina como por otros actores del Frente Cambiemos, en materia energética durante el gobierno kirchnerista, Iparraguirre resaltó las acciones más importantes concretadas durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

Consideró en principio que “Civale como integrante del Frente Cambiemos intenta hacer una defensa de cuáles son los motivos que llevaron a este Gobierno nacional a tomar semejante medida. De todas formas, los argumentos que vierte el contador hablan de una opinión al menos sesgada, desinformada y muy politizada”.

“En 2003, el gobierno de Néstor Kirchner se encuentra con una verdadera crisis, de hecho estaba declarada la crisis energética nacional, en la generación y distribución  de energía. Y en 2004 se lanzó el plan energético nacional”, resaltó, tras varios años de desinversión.

En ese entonces, subrayó que se comenzó con “una generación total de energía de 17.300 MW y, en 2012, cuando concluyó la primera etapa de este plan, llegamos con 27 mil MW. Un 54 por ciento de crecimiento. Nunca en la historia de nuestro país, en tan poco tiempo, se había crecido tanto en la capacidad total de generación de energía”.

Lo mismo remarcó que “ocurrió en términos de interconexión y distribución. En 2004 teníamos en el país 9.600 kilómetros de líneas de alta tensión, se llama el SADI (Sistema Argentino de Interconexión). En 2015 el Gobierno nacional dejó su gestión con poco más de 17 mil kilómetros de líneas de alta tensión, un crecimiento del 71 por ciento”.

“Lo mismo con la red eléctrica -de 500 KW-, en 2004 teníamos 9 mil kilómetros de extensión en el país y, en 2015, 15 mil kilómetros. Un 67 por ciento de crecimiento. Nunca en la historia argentina se registró un crecimiento tan importante en torno a la generación y la distribución de la energía”, resaltó Iparraguirre, entre otras obras llevadas adelante durante los años de gestión del kirchnerismo

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