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Policía Federal concretó un allanamiento por un presunto delito de trata laboral

En la jornada de ayer se llevó a cabo un allanamiento en un establecimiento rural, donde personal de la Subdelegación Tandil de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina está en plena tarea investigativa sobre si existe o no delito de trata laboral.

El allanamiento fue dispuesto por el Juzgado Federal de Azul, a cargo del doctor Martín Bava, siendo solicitado por la Fiscalía Federal de la ciudad que está a cargo del fiscal subrogante doctor Pablo Larriera.

La medida judicial se concretó en el establecimiento rural ubicado en la avenida Don Bosco y Ruta Provincial 74, aunque no fue comunicado quiénes son los propietarios de ese lugar.

Las fuerzas federales detectaron en el mencionado sitio la presencia de dos familias oriundas de la provincia de Santiago del Estero, que viven en el predio. Está en estudio de la Fiscalía Federal si por las condiciones de vivienda que tienen ambas familias existe o no la trata de personas.

El allanamiento fue concretado con el apoyo de personal de la oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el Delito de Trata -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación -; y de la Delegación Regional Tandil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Los primeros ofrecieron los beneficios y servicios propios que el Estado les brinda a las víctimas del delito de trata. Asimismo el personal del Ministerio de Trabajo, labró las actas respectivas en infracción a la ley laboral.
De acuerdo a las pruebas recabadas en el lugar, la Fiscalía Federal encontró motivos para imputar al propietario del predio, si bien no decretó su detención quedará a disposición de la Justicia Federal.

Palabra del fiscal

El fiscal subrogante doctor Pablo Larriera fue consultado por El Eco de Tandil sobre el trabajo realizado. Señaló que “hace aproximadamente tres meses atrás habíamos recibido una denuncia a través del Ministerio de Seguridad, por lo que se le dio intervención al Juzgado Federal de Azul y se inició la investigación a través de la Policía Federal”.

Indicó que “se detectó que es una quinta que está lindera al cruce de la Ruta 74 y El Gallo, donde había familias prestando trabajos hortícolas y viendo que había menores de edad en situación de vulnerabilidad se inició la investigación pertinente y se pidió el allanamiento de la finca para ver si estamos ante un caso de trata de personas”.

El fiscal remarcó que “se hizo el allanamiento con Policía Federal, la colaboración del programa nacional de rescate de víctimas de trata, gente de la Delegación Regional Tandil del Ministerio de Trabajo, Empleo y seguridad Social de la Nación. Para constatar todas las condiciones”.

Positivo

Sobre el trabajo desarrollado ayer mencionó que “fue positivo ya que pudimos detectar 6 adultos más 8 menores de edad que estaban en el lugar. Ahora estamos haciendo todos los informes ya que fueron entrevistados por la gente del programa y del Ministerio para determinar si estamos ante la presencia de un caso de trata laboral o de explotación laboral”.

Agregó que “se secuestraron contratos, más otra documentación que puede servir para la investigación. También se les brindó contención a las familias y se determinará si estas personas que son de Santiago del Estero retornan a su provincia o qué es lo que más conviene en cuanto a la situación de las víctimas. No hay una determinación porque aún hay que tomarle declaración a las mismas por cámara gesell”.

Detalló que tanto adultos como menores se encontraban viviendo en una casilla “son fincas linderas y de momento como no hay peligrosidad para ellos, ya que están asistidas, se consideró en este caso que permanezcan en el lugar bajo el controlar de la fiscalía y la Policía Federal”.

En cuanto al sitio donde la gente vivía manifestó que “es de muy escasa habitabilidad, en condiciones bastante precarias y con los mínimos recursos para vivir. Además las condiciones contractuales no eran las acordes a la actividad y a la cantidad de horas que trabajaban y un montón de elementos que se evaluarán para determinar si es un caso de explotación laboral severa o trata laboral”.

Aseveró que “en el predio trabajaban los mayores y sus mujeres también prestaban colaboración”.

Una pena que va hasta
los 15 años de prisión

En cuanto a la condena que la ley prevé para el caso que la Justicia determine que es un delito de trata de personas o explotación severa, Larriera indicó que “en el caso de la trata de personas, el artículo 145 bis del Código Penal establece penas severas. En caso de figuras agravadas en donde se acentúa por la cantidad de víctimas puede llegar hasta 15 años de prisión. En este caso todavía no puedo adelantar un pedido de pena porque hay que analizar un montón de factores y hay que escuchar el descargo de los imputados. Eso se dará cuando reunamos todo el resto de los elementos”.

En caso de determinarse que lo sufrido por los trabajadores es una explotación severa, expresó que “como ha ocurrido en otros casos de jurisdicciones cercanas, puede caberle la prisión preventiva y luego una condena de 4 a 15 años de prisión”.

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