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Romay: «Nosotros buscamos preservar el medio ambiente para los vecinos»

En la jornada de ayer, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial 3 de Tandil, Dra. Mónica Stella González Aloritta, dictó una medida cautelar que suspende el tratamiento legislativo del convenio urbanístico celebrado entre el intendente Miguel Lunghi y la familia Segurola. En la sentencia, también determinó la prohibición de innovar físicamente respecto a los lotes que integran el plan de urbanización objeto del acuerdo, que está ubicado en avenida Don Bosco. El dictamen se produjo en respuesta al recurso de amparo que había presentado a mediados de abril Nora González, integrante de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil, con el asesoramiento del abogado Santiago Romay.

En diálogo con «Tandil Despierta», Santiago Romay, aseguró que a partir de ahora «no se puede avanzar en el trámite legislativo ni se puede realizar acciones sobre el loteo».

Romay mostró su preocupación al expresar que «no puede ser que los Convenios Urbanísticos no tengan ningún tipo de estudio de impacto ambiental» y agregó que «nosotros buscamos preservar el medio ambiente para los vecinos de Tandil».

El abogado consideró que el Municipio «seguramente apele la medida» pero subrayó que una posible apelación «no suspende el fallo»

La presentación

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil había planteado que la aprobación del convenio urbanístico “afecta directamente al medioambiente y a la salud de todos los vecinos de Tandil”, pero además cuestionó que implicaría avalar “una matriz de desarrollo urbano que posee su génesis en las decisiones absolutamente discrecionales y arbitrarias del Poder Ejecutivo comunal, desoyendo los mínimos principios de protección ambiental y de salubridad, beneficiando únicamente a un sector especulativo mínimo de la sociedad en desmedro de la gran mayoría y convalidando actuaciones de privados en connivencia con el sector público que se encuentran realizando negocios inmobiliarios que lindan con la ilegalidad”.

En relación al medioambiente, consignaron que en el expediente municipal no figuran las propuestas para resolver la dotación de los servicios de agua y cloacas en el loteo, pero además no se realizó un estudio de impacto ambiental antes de que el Intendente firmara el convenio urbanístico que rechazó la Asamblea.

Por otra parte, indicaron que en el 2008 se firmó un convenio entre la Municipalidad de Tandil y el Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales (Cinea) que pertenece a la Unicén, con el objetivo de realizar un estudio hidrogeológico para profundizar en el conocimiento de la vulnerabilidad del recurso hídrico en el área, que no fue difundido entre la comunidad ni adjuntado al expediente de la urbanización.

Ese estudio arrojó que a raíz del espesor del acuífero “se trata de una zona extremadamente compleja para la explotación de agua subterránea, debido a que el relieve se encuentra controlado por el basamento cristalino muy cercano a superficie y en sectores aflorando, con un escaso espesor saturado de los sedimentos sobrepuestos, que limitan la transmisividad del sistema”.

A partir de esas conclusiones, resaltaron “el loteo del predio con una densidad poblacional de 90 habitantes por hectárea aumentaría de manera importante la descarga de aguas pluviales y/o resultantes de potenciales sistemas de tratamientos de efluentes en el arroyo La Cascada”.

A todo esto, le añadieron que vecinos de la zona ya advirtieron sobre la escasez de agua y en el 40 por ciento de los pozos analizados se determinó que el valor de nitratos superó lo recomendado por el Código Alimentario Argentino, lo que se traduce en riesgos para la salud. Además, se hallaron bacterias contaminantes de diversos tipos.

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