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Seis meses de prisión condicional por evadir un control vehicular

En el marco de un proceso de flagrancia, la Justicia dictó una sentencia condenatoria por un hecho de hace algo más de un mes en el que intervinieron inspectores de tránsito en un procedimiento de tránsito, donde un conductor se fugó del control para evitar ser multado y luego regresó a pie para arrebatarle la documentación que el agente municipal le había retenido.

Más precisamente el hecho ocurrió el 14 de agosto del corriente año, aproximadamente las 17.50, cuando Juan Cruz Muñoz en momento en que se encontraba sujeto a un control de tránsito vehicular sobre la avenida Avellaneda y Diagonal Ilia, y al darle aviso de que se le iba a secuestrar el automóvil Vokswagwen Gol Trend, dominio NLS-291 que venía conduciendo, en virtud de las numerosas infracciones a la Ley de Tránsito que infringía, se dio a la fuga en el vehículo, tomando por Avellaneda en dirección oeste-este, haciendo caso omiso a las órdenes y señas impartidas por el oficial de policía Matías Gómez, quien intentó detener su marcha al interponerse en su camino sobre la vía pública dándole la voz de alto, no logrando su cometido, dado que el conductor lejos de detenerse, arremetió con su rodado contra el funcionario, quien debió apartarse para no ser lesionado.

Luego de aproximadamente diez minutos, Muñoz volvió a la escena del control a pie y, desde atrás, le arrebató al inspector de Tránsito, Gustavo Castro, su licencia de conducir y la cédula verde del automóvil, documentación que el funcionario tenía en su poder desde que Muñoz se la había entregado al momento de la interceptación vehicular, dándose nuevamente a la fuga, estorbando, de esa manera, la labor de dicho inspector de tránsito, quien se disponía a completar el acta de infracción.

Por los hechos descriptos se resolvió condenar a Muñoz, a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional como autor penalmente responsable de los delitos de “Resistencia a la autoridad y estorbo al acto funcional en concurso real”.

Asimismo, se dispuso imponer como reglas de conducta para el encausado que debe fijar domicilio e informar cualquier cambio del mismo al órgano que controla el cumplimiento de la condena impuesta; y someterse al control del Patronato de Liberados, debiendo presentarse en la delegación de dicho organismo que corresponda a su domicilio en forma mensual por el término de dos años.

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