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Barrios inconclusos y promesas incumplidas dejaron a cientos de tandilenses sin casa propia

La mayor parte de los planes fue gestionada a través del Instituto de la Vivienda. La desidia y el abandono son los factores comunes a casi todos los barrios que llevó adelante el organismo provincial. En el ámbito privado también hubo estafas, como la de Tarraubella, que destrozó los sueños de decenas de familias.

Los vecinos piden que desalojen a los ocupas de Tarraubella.

Rody Becchi

El abandono y la desidia se cobraron las ilusiones de cientos de familias que soñaban con la casa propia, a lo largo de las últimas décadas en la ciudad. La mayor parte de los barrios afectados eran iniciativas financiadas por el Instituto de la Vivienda de la Provincia, aunque también hubo otros casos concretados por empresas privadas.

No obstante, el rasgo común fue la negligencia, la mala administración y la estafa. Miles de familias sin sus casas y cientos de viviendas sin terminar, usurpadas o abandonadas. En el mejor de los casos, algunos adjudicatarios lograron, tras un largo camino burocrático, tomar posesión de las casas que ya les pertenecían y terminarlas por su cuenta.

La mayor parte de esos barrios, los que eran responsabilidad del Gobierno provincial, dejaron al desnudo las falencias de la política habitacional de ese organismo, a lo largo de décadas de mala administración y desidia.

Entre obras paralizadas y fondos que no llegan, entre dinero que desapareció o que tal vez fue desviado a otros destinos, se encuentran aquellas familias a quienes iban destinadas esas viviendas. Fueron las víctimas de un organismo incapaz de cumplir con los compromisos asumidos y que dejó a miles de vecinos sin la posibilidad de tener un techo propio.

 

La odisea de los adjudicatarios del Smata

Si algún grupo ha luchado por recuperar un barrio con miles de obstáculos, ese ha sido el de los adjudicatarios del Smata, que estuvieron más de 40 años esperando y luego de aunar esfuerzos y emprender juntos los reclamos pertinentes, lograron al menos tomar posesión de los terrenos y las casas sin terminar.

Hoy alrededor de 20 familias viven allí, algunos tras finalizar la construcción de las viviendas inconclusas y otros luego de construir en los terrenos en los que nunca se había llevado adelante ninguna obra.

El proyecto se originó para los empleados agremiados a Smata Tandil. Luego fue abierta la inscripción a todo aquel necesitado de vivienda que cumpliera con los requisitos. Con ilusión y compromiso, unos 248 postulantes comenzaron a pagar cuotas en el entonces Banco Comercial de Tandil.

Alrededor del año 1981 se realizaron cimientos de viviendas de un dormitorio, cocina y baño, que años después quedaron perdidas entre los pastizales.

En 1982, firmaron una sesión ante escribano público a favor del gremio, pero poco después comenzaron los reclamos al no tener novedades. En 1999 con un crédito del Fondo Provincial de la Vivienda se levantaron y techaron 50 viviendas.

Los adjudicatarios esperaron durante años la culminación de las obras, suspendidas indefinidamente y que además, fueron objeto de una ocupación, en la que lo poco que se había construido, fue deteriorado, en el marco de un largo litigio para poder desalojar el barrio.

La lucha de los propietarios llevó años de idas y vueltas, de reclamos al gremio Smata y al Instituto de la Vivienda, sin avance alguno. Incluso, hubo casos de adjudicatarios que fallecieron y tomaron la posta del reclamo sus herederos.

En 2010, después de tantos reclamos, se realizó el sorteo de esas 50 casas (sin terminar) y los lotes restantes. Y en 2013, un adjudicatario tomó la decisión de mudarse a su casa y comenzar a repararla ante la inminente amenaza de nuevas usurpaciones. Algunos adjudicatarios más siguieron sus pasos y poco a poco fueron terminando las viviendas donde residen con la poca infraestructura que consiguieron en estos últimos años.

En tanto, los adjudicatarios de los más de 200 lotes que también forman parte del barrio se agruparon para evitar las ocupaciones y comenzaron a tramitar las escrituras, las cuales hoy siguen esperando.

No obstante, los propietarios de los lotes lograron que se sancionara una ordenanza a través de la cual se les reconocía el derecho sobre cada uno de los terrenos, con lo cual pudieron comenzar a tomar posesión y el Municipio realizó algunas obras de infraestructura, como abrir las calles. Luego de eso, pudieron comenzar a construir, algunos vendieron los lotes e incluso ya hay familias viviendo allí.

Así, los adjudicatarios de Smata son un emblema de una larga lucha para recuperar un barrio olvidado.

El lento avance del Barrio Municipal

Otro caso emblemático de la falencia estatal es el de las viviendas del barrio Municipal, situado en Entre Ríos y Corrientes, en inmediaciones al barrio Arco Iris.

La iniciativa del barrio comenzó en el año 2000, cuando el sindicato firmó el convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia para dar inicio al proyecto de cien viviendas, de las cuales 30 se entregaron en 2010.  En septiembre de 2016 se entregaron 20 casas más y 50 comenzaron a construirse en agosto de 2015.

Cuando se hizo el acto de entrega de las casas en 2016, el administrador del Instituto de la Vivienda Evert Van Toren expresó su intención de “el año que viene terminar las 50 restantes porque no tengan dudas de que la Gobernadora quiere que finalicemos todas las viviendas, no quiere dejar un solo esqueleto en la provincia”. No obstante, el avance que hubo desde ese momento fue escaso porque los fondos no llegaron.

En junio de este año, un grupo de adjudicatarios se acercó a El Eco de Tandil para manifestar su preocupación por la paralización de las obras, considerando que hace 18 años que están esperando.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, David Marconi, explicó que “estamos remándola. Todas las semanas se viaja al Instituto de la Vivienda y vemos si logramos el resto del financiamiento”.

“La verdad es que está complicado, es una cuestión burocrática que lleva bastante tiempo lamentablemente, pero con fe, con esperanza de que se pueda reactivar”, indicó.

En tanto, puntualizó que de las 50 casas, 20 tienen un avance de obra importante y en 10 se está trabajando.

“Esperábamos que esto se terminara antes, había un compromiso de una autoridad anterior en la entrega de 2016. Pero sabemos que esto es así, hay que gestionar permanentemente a fin de destrabar. Cuanto antes lo podamos tener, mejor para todos. La situación es complicada. Muchos de los adjudicatarios alquilan, sabemos el valor de los alquileres en nuestra ciudad y están preocupados”, finalizó.

El abandono del Barrio Universitario, otro ejemplo de la desidia estatal

Un claro reflejo de la desidia estatal es el caso del abandonado proyecto del Barrio Universitario II, situado en Casacuberta y Vistalli, donde el Instituto Provincial de la Vivienda construyó sólo 8 de las 59 casas que estaban proyectadas.

Luego de cinco largos años de espera en los cuales las obras estuvieron completamente paralizadas, los adjudicatarios alzaron sus voces en 2015 y exigieron que la Provincia les reintegrara sus lotes para que pudieran construir por su cuenta.

En 2010, alrededor de 59 trabajadores no docentes de la Universidad compraron los lotes, los cuales cedieron al Instituto de la Vivienda para que llevara adelante la construcción de las 59 casas. Los fondos -alrededor de 6 millones y medio de pesos- fueron otorgados por Anses al instituto provincial.

El convenio decía que en 11 meses se comprometían a terminar las viviendas. Una vez que finalizaba la obra hacían una chequera y a 20 años los adjudicatarios iban a pagar ese crédito.

A partir de un determinado momento, los fondos dejaron de tener continuidad con excusas varias, que tenían que ver con dificultades del Gobierno provincial para desembolsar el dinero.

Pasó el tiempo, y tras innumerables reclamos, hace 8 meses firmaron una hipoteca con el Instituto de la Vivienda a partir de la cual cada adjudicatario paga en función del avance de obra y cuando terminan de pagar, se cancela la hipoteca y les liberarán las escrituras.

De ese modo, los adjudicatarios lograron disponer nuevamente de sus lotes, aunque las viviendas tienen entre un 35 y un 60 por ciento de avance y ellos deben hacerse cargo de terminar la construcción. Fue el único modo que encontraron para recuperar los terrenos, ante el incumplimiento y desidia del Instituto de la Vivienda.

Roberto Sirgo, de la comisión del sindicato Ospuncba, explicó que en 2014 debido a cortes en la transferencia de fondos, los adjudicatarios decidieron no continuar con el Instituto de la Vivienda. Por ese motivo, se dejó sin efecto el convenio, cuyos trámites llevaron mucho tiempo.

Detalló que ocho casas a la fecha están al 93 por ciento y el resto entre 33 y 65 por ciento.

“Sigue a nombre del Instituto de la Vivienda porque es la forma que ellos tienen de cobrar lo que pusieron. Se hizo el informe de grado de avance de cada una de las casas y en enero de este año el Instituto de la Vivienda emitió el acta final de entrega, que es muy importante porque de alguna manera cerró el trámite con los adjudicatarios y legitima la entrega de viviendas con el grado de avance que tienen”, sostuvo.

No obstante, indicó que “hace 3 años, dado que ocho de esas viviendas están en un grado de avance para habitar y para evitar cualquier tipo de inconvenientes, desde el sindicato se tomó la iniciativa para que esas ocho viviendas fueran sorteadas y fueron habitadas desde ese momento”.

“Cada uno ya dispone de ese lugar para terminarlas. Falta para terminar que lleguen las chequeras, que es lo que debe cada uno por el dinero que puso en total el Instituto de la Vivienda. No todos deben lo mismo. Es un préstamo a muchos años porque es un plan de viviendas solidario, con eso se cerraría el ciclo”, señaló.

Una historia de negligencia, usurpaciones y casas sin terminar

El Plan Federal, situado en el corazón del barrio La Movediza, comenzó a construirse en el año 2005. La primera etapa, constaba de 139 viviendas y los fondos, provenientes del Estado nacional, iban directamente a la empresa. Todas esas casas fueron terminadas.

El problema surgió en la segunda etapa. De las 200 proyectadas se comenzaron a construir 100. Los fondos eran nacionales pero llegaban a través del Instituto Provincial de la Vivienda. En 2008 comenzaron a frenarse las obras, hubo varias interrupciones y luego muchas unidades fueron usurpadas.

Otras cincuenta casas para adjudicatarios sorteados que resultaron damnificados por esas usurpaciones se ejecutaron con fondos de Anses, que llegaban a través del Instituto Provincial de la Vivienda, no sin dificultades, como la paralización de las obras en más de una oportunidad y nuevas usurpaciones.

Otras cincuenta se concluyeron posteriormente, pero 100 quedaron sin terminar. Muchas de ellas fueron tomadas también. En tanto, había una promesa de un Plan Federal II, y el Municipio adquirió 300 lotes, pero los fondos nunca llegaron.

Los reclamos

En agosto de 2015, un grupo de vecinos del Plan Federal renovó el reclamo por el estado en el que se encuentran las unidades habitacionales en las que residen hace aproximadamente 7 años, cuando se las entregaron sin terminar para no correr el riesgo de que fueran usurpadas, tal como había ocurrido con muchas otras propiedades del lugar.

En su momento les otorgaron una tenencia precaria para que pudieran habitar las casas con los faltantes existentes, y el final de obra no existe porque la mitad de las casas estaba sin terminar.

En diálogo con este Diario, los vecinos admitieron sentirse “abandonados porque entregaron y a la vez no entregaron las casas, porque no tienen final de obra, y no se preocuparon más por nosotros”.

Y aseguraron que presentaban graves falencias. “Hay que tirarlas y volverlas a hacer”, expusieron.

La gran estafa del Tarraubella

En Lavalle al 1700 se encuentra ubicada la única torre que se construyó de lo que iba a ser el barrio Tarraubella, un emprendimiento inmobiliario que apareció como una gran oportunidad para muchas familias que no conseguían acceder a la casa propia de otra manera. Hace más de 25 años. Mes a mes, las personas que ingresaron al plan de viviendas pagaban sus cuotas en la sucursal de Tarraubella, situada en 9 de Julio al 300 o en el Banco Río. Jamás pensaron que todos sus ahorros, todos los años de sacrificio, se esfumarían de un día para el otro.

Eran más de cien familias que tenían la ilusión de la casa propia. La primera torre de las muchas que estaban previstas comenzó a construirse con velocidad, y en pocos meses estaba prácticamente terminada. Las familias veían el sueño cada vez más cerca. Pero de pronto, un día la construcción se frenó. Cuando buscaron explicaciones, se encontraron con que la Municipalidad no accedía a llevar los servicios por el costo que implicaba y tampoco la empresa quería hacerse cargo.

A partir de ahí, vivieron una odisea. Tras el juicio y la sentencia favorable que ordenó que la firma les devolviera el dinero, nada sucedió porque los terrenos no están a nombre de Tarraubella y por lo tanto, no se pueden embargar.  Además, no se localizaron más propiedades a su nombre para poder embargar.

La torre, años después fue completamente usurpada por 12 familias, que hoy siguen allí. De vez en cuando los vecinos de la zona reclaman que los desalojen por los múltiples inconvenientes que les ocasionan.

Hoy, los damnificados aseguran que van a seguir peleando por lo que les corresponde a pesar de tantas adversidades. Muchos fallecieron sin poder tener los departamentos ni el dinero que habían abonado y otros aún hoy no pudieron acceder a la casa propia.

Las trabas

Las trabas aparentemente surgieron porque la empresa tenía que haber previsto en el proyecto una planta depuradora propia para el barrio y no lo hizo.

Como el Municipio no iba a pasar las cloacas en ese entonces porque no estaba presupuestado del otro lado de la ruta, la obra se frenó. Los damnificados propusieron pagar más dinero para que pudieran hacer la planta depuradora, a lo que nunca tuvieron respuestas.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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