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Beatríz Fernández criticó la lentitud del Ejecutivo por la inversión en el área de seguridad

“La seguridad en Tandil requería de más energía y menos protocolo”, indicó la exconcejal por el Frente Renovador, luego de brindar su mirada en relación a la decisión del Intendente de rescindir el contrato de alquiler del edificio que el Municipio había elegido para instalar la Secretaría de Protección Ciudadana.

La concejal mandato cumplido, Beatriz Fernández, repasó su labor desde la oposición y comparó los perfiles de Julio Zanatelli y Miguel Lunghi.

El Eco

La concejal mandato cumplido, Beatriz Fernández, se sumó al debate que suscitó el cambio de rumbo anunciado por el Ejecutivo  en torno al alquiler y compra de la propiedad de calle Pinto al 800, inmueble donde se pretendía instalar la nueva Secretaría de Protección Ciudadana.

La iniciativa que había tomado forma por el mes de febrero, impulsó al Gobierno comunal a firmar un contrato de locación con opción a compra, pero una vez ingresado a la Comisión de Economía del Concejo Deliberante, el expediente fue objetado por el arco opositor.

Entre otras observaciones, los ediles de Unidad Ciudadana, de Integrar y del bloque Justicialista cuestionaron la ubicación del proyecto, la ausencia de una tasación oficial y la inexistencia de una cláusula que expresara que el importe que se pagaba en concepto de alquiler, sería descontado del monto total de compra.

El expediente fue retirado en el mes de septiembre por parte del secretario del área de seguridad y no retornó al recinto. La semana pasada en conferencia de prensa,  el Jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety y el titular de la Secretaría de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, anunciaron la rescisión del contrato e informaron que la erogación de 500 mil pesos que produjo el acto locativo, sería afrontada con recursos propios del Intendente.

En este marco, Beatriz Fernández impulsora de la creación de la Tasa Complementaria de Protección Ciudadana Recursos Afectados allí por el año 2016 señaló que “hay bastantes errores de gestión porque teniendo todo por escrito, con lineamientos claros y contando con recursos extraordinarios, no se manejaron bien con el tema de los alquileres ya que hubo demasiada lentitud”.

La exedil remarcó que durante su gestión en el Concejo, se presentó la posibilidad de adquirir un edificio para centralizar todas las actividades en materia de seguridad debido a que la policía local, el área de monitoreo y la sede de la Secretaría competente, contaban con dependencias por separado.

“En aquel momento todo era alquileres sobre alquileres que se tornaban cada vez más onerosos y cuando llegan desde provincia los fondos afectados para seguridad, que ascendían a 33 millones de pesos, expresamos la necesidad de que el Municipio adquiriera una locación que pudiera atender de manera centralizada todas las demandas”, indicó Fernández.

Vale recordar que para la compra de dicho inmueble, el Intendente Miguel Angel Lunghi había reservado la suma de 20 millones de pesos provenientes del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Servicios Asociados, recursos que distribuyó la provincia el 2016.

Según describió Beatríz Fernández, el monto señalado no fue utilizado en el momento y el dinero se colocó en una cuenta bancaria a plazo fijo. “No me parece mal que el Ejecutivo haya decidido capitalizar los recursos bajo este sistema si aún no se había tomado la decisión, pero entre que se presentó el proyecto que luego tomó Lunghi hasta ahora, pasaron tres años y este lapso de tiempo en Argentina es mucho cuando las propiedades en este país se cotizan en dólares”, aseveró.

Indicó además que el proyecto original contemplaba la compra de un inmueble fuera del radio céntrico, ubicación que consideró estratégica para otorgar mayor funcionalidad ante el ingreso y egreso de móviles policiales.

“Hubo mucha lentitud en la toma de decisiones para temas que requerían mayor urgencia y máxime cuando existía una bonanza económica que requería de más energía y menos protocolo”, enfatizó. 

La exconcejal, también hizo referencia a la decisión del Intendente de afrontar de su bolsillo la erogación de 500 mil pesos para compensar las arcas municipales. “Pienso que aquí se quiso tapar el sol con la mano y ahora si no se toma una decisión rápida, habrá observaciones del Tribunal de Cuentas”.

En este sentido, explicó que entre las opciones que tiene el Jefe comunal para otorgar dentro de un marco legal el resarcimiento monetario, es hacer una donación que deberá elevar al Concejo Deliberante (el cuerpo legislativo está obligado a aceptar todas las donaciones) o en su defecto, reducir su salario mensualmente hasta poder compensar el monto en cuestión.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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