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Con el informe que giró la Usina, la oposición busca determinar si corresponde radicar la denuncia

La empresa de capitales mixtos finalmente remitió la documentación comprometida sobre los casos con medidores adulterados y el procedimiento llevado a cabo. Adjuntó actuaciones administrativas, presentaciones y detalles del accionar. El concejal del justicialismo, Facundo Llano, aseguró que el análisis deberá apuntar a determinar si corresponde o no hacer la denuncia penal por el hecho detectado.

El Eco

Diez días después de la reunión con presidentes de los bloques, la Usina Popular y Municipal SEM Tandil cumplió con el compromiso asumido el viernes 14 y presentó al Concejo Deliberante la documentación sobre las actuaciones en el marco de la detección de medidores adulterados.

El informe ingresó a última hora del lunes y el martes quedó en presidencia del cuerpo. Ayer, instantes previos a la reunión de Labor Parlamentaria, se entregaron copias del expediente a cada uno de los bloques para que tomen conocimiento. No obstante el legajo se sumará al proyecto de resolución que impulsó el bloque Integrar respecto del tema que sigue en estudio en Comisión de Interpretación y Asuntos Legales.

La presentación que elevó el directorio de la empresa consta de 116 fojas y contiene actuaciones administrativas, actas de escribanos, fotografías y documentación referida a los procedimientos determinados por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires -Oceba- ante la detección de las irregularidades.

También adjuntó el informe del asesor legal de la Usina, mediante el cual se realizó un repaso sobre el proceder de la empresa frente a los casos de fraude eléctrico y reflejó que, según la experiencia, “la sanción a imponer a los usuarios es tratar de recuperar económicamente el monto de energía no facturada y regularizar la situación para que abone el consumo real”. Y aclaró que “en ninguno de estos casos se han impulsado acciones judiciales, aunque no se descarta el inicio en aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo de pago”.

En función de este marco es que la oposición legislativa buscará para determinar el rol de la Usina frente a cada uno de los casos detectados que refieren a dos empresas que además tienen vinculación contractual con el Estado.

A su vez, se incorporó el proceso y las acciones que se cumplieron en uno de los hechos en particular, en los cuales la distribuidora ordenó el corte del suministro en un emprendimiento, que después fue restituido por orden de Oceba, tras un descargo en el que pone en duda el trabajo.

 

Puntos a determinar

Sin involucrar nombres propios, el concejal del bloque Justicialista, Facundo Llano, compartió detalles sobre la información sobre un primer abordaje y aseguró que el estudio deberá apuntar a determinar las responsabilidades y si corresponde o no hacer la denuncia penal por el hecho detectado para que sea tipificado y perseguido.

De todos modos tuvo algunas críticas en cuanto al informe elevado, que resulta “parcial” dado que carece de precisiones en cuanto a la totalidad de los usuarios de consumo medio informados durante la reunión y de aquellas que asumieron el pago de la multa.

“Que no sepamos que una empresa incurrió en una irregularidad porque pagó la factura, es casi sostener impunidad a costa de un precio determinado, mucho más si tiene vinculación con lo público”, cuestionó el concejal en diálogo con el ciclo radial “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM).

En ese sentido volvió sobre uno de los principales puntos de la discusión respecto de la reparación económica y la instancia penal. “Decir que no se hace la denuncia pese al robo de energía porque pagaron es equivocado y más aún no informarlo porque lo pagaron”, criticó el edil.

El procedimiento

Con la información expuesta en cuanto a procedimiento, de acuerdo a lo que establece el organismo de control, la Usina ratificó la existencia de irregularidades en la obtención de energía eléctrica por parte de empresas de la ciudad.

Frente a estos casos la empresa de economía mixta adoptó un criterio de “recuperar económicamente el monto no facturado” para regularizar la situación, en detrimento de eventuales acciones judiciales.

Sobre ese punto deberán profundizar los concejales, que enfocarán el análisis en la normativa nacional y local vigente para determinar si es una alternativa o una obligación iniciar acciones legales, civiles o penales, siempre en relación al directorio de la parte pública del ente mixto. De allí la importancia de establecer una mirada “desde lo público, en especial desde la sindicatura, para este tipo de situaciones en particular”.

Detectada la irregularidad, la Usina actuó de acuerdo a lo que establece el organismo de control. Sin embargo será necesario definir qué sucede en este caso en particular. “Hay que ver si la conducta de estas empresas constituye un delito pero para eso hay que denunciarlo”, por eso resulta determinante el rol de la Usina y la participación pública en ese entramado de hechos.

“El informe dice que en ninguno de los casos se han impulsado acciones, aunque no lo descarte”, salvedad que deja en consideración para el caso en que no se logre un acuerdo de pago.

Por otro lado, de acuerdo al abordaje preliminar de la información planteada, se desprende que los datos refieren a “menos” consumidores T2 y T3 a las que hicieron referencia en la reunión, ya que solo se alude a dos casos.

En tanto citó la presentación que realizó uno de las empresas en la que cuestiona el procedimiento que se implementó ante la detección y la orden que remitió el Oceba para que la Usina restituya el servicio caído, aún sin haber cancelado el pago de la multa aplicada por la falta detectada.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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