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La Justicia suspendió el tarifazo en la Provincia tras una acción de la Defensoría del Pueblo

La Justicia suspendió el aumento en las boletas de luz que había autorizado el Gobierno bonaerense en los servicios que prestan las distribuidoras en el interior de la provincia, entre las que se encuentra la Usina Popular y Municipal de Tandil, y que comenzó a regir el miércoles de la semana pasada.

En esta oportunidad, el juez en lo Contencioso y Administrativo 1 de La Plata, Luis Federico Arias, hizo lugar a la solicitud para frenar el incremento de tarifas que realizó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

La decisión de Arias deja sin efecto la resolución del Ministerio de Infraestructura, por la cual se dispuso el ajuste para el Gran La Plata y el interior bonaerense y que no alcanza a las empresas Edenor y Edesur, que prestan servicio en el conurbano bonaerense.

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil Lorenzino repasó la presentación, celebró el fallo, que responde a una “regulación provincial, con lo cual incluye a Tandil”, y resaltó la propuesta de convocatoria de las autoridades provinciales para construir un cuadro tarifario “razonable”.

“Hay que invertir en los servicios públicos, mejorar y actualizar las tarifas, pero no de este modo, que es contra la gente, castigar y erosionar su bolsillo”, fundamentó.

 

“Nos dio la razón”

En primer lugar precisó que la acción la efectuó el día después de difundido el nuevo cuadro tarifario para el territorio bonaerense en función a un planteo que se centra en la “desproporción” existente entre el ajuste impuesto, que promedia “el 60 por ciento”, y la actualización salarial, del “20 por ciento”.

En efecto cuestionó “esa falta de relación entre el aumento de los ingresos de la gente y el de los servicios públicos”, y reclamó cuadros tarifarios “accesibles” al bolsillo de los ciudadanos para evitar que sean “castigados” para mejorar los servicios.

Frente a esa premisa el miércoles de la semana pasada acudió a la Justicia y ayer el Juzgado interviniente emitió una medida cautelar que “suspende” el tarifazo y obliga a las empresas a “refacturar o a que sigan adelante con el cuadro tarifario anterior”, hasta tanto se avance en la causa y se resuelva la cuestión de fondo.

La celeridad de la presentación responde también a una postura crítica en torno a la política energética del Gobierno “y en cuanto vimos el cuadro con el porcentaje que proponía, lo impugnamos”.

En este caso la Justicia “nos dio la razón”, al menos en esta etapa del proceso judicial iniciado.

“Hay un principio del derecho, que es la razonabilidad y este aumento no es razonable ni guarda proporción entre el ingreso y la necesidad de las empresas de financiarse”, justificó el funcionario provincial.

 

“Un primer paso”

En ese marco adelantó que el lunes solicitará al Juzgado que cite a las autoridades provinciales para analizar el modo en que se pueda construir un nuevo cuadro tarifario que “guarde proporción con los ingresos de la gente”.

“Logramos un primer paso, que es evitar que se aplique”, celebró y planteó que se abrirá un nuevo escenario que incluirá un debate para desarrollar un nuevo esquema para el servicio de energía eléctrica que resulte “razonable, proporcional y accesible a lo que la gente pueda pagar”, sin negar la necesidad de generar inversiones que permitan mejorar las prestaciones.

 

El fallo

El aumento dispuesto por la Provincia llegaba hasta un 58 por ciento como consecuencia de los incrementos autorizados por el Ministerio de Energía de la Nación del 39,2 por ciento y otro del 18,9 por ciento que resolvió la administración de María Eugenia Vidal en el ámbito bonaerense.

El magistrado ordenó dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante Resolución 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios públicos de la Provincia”.

Y resolvió que “se ordene a las empresas demandadas abstenerse de aplicar la nueva tarifa a los usuarios del servicio público, efectuar una nueva liquidación y emitir nuevas facturas”.

El juez decidió que “para el caso en que la nueva facturación no fuera emitida antes de los sucesivos y periódicos vencimientos, que la empresa admita el pago del servicio según el cuadro tarifario vigente con anterioridad al incremento establecido, sin que ello implique la alteración o interrupción del servicio”.

Según la agencia Noticias Argentinas la sentencia sostiene que la resolución que dispone el aumento “vulnera el principio de participación ciudadana en los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, es decir, se traduce en una manifiesta lesión a derechos de incidencia colectiva de carácter individual homogéneo, al cercenar la posibilidad de que los individuos que conforman la sociedad se expresen e interpongan impugnaciones previas al aumento tarifario del servicio público, el cual resulta superior al ciento por ciento”.

Según el magistrado, los usuarios “se ven forzados a pagar en forma desproporcionada una tarifa de la que no han tenido, como ciudadanos consumidores, posibilidad de ser escuchados, conduciendo a un perjuicio económico desproporcionado e injustificado para todos los ciudadanos de la provincia”.

 

Avanza la instalación de la dependencia local

Tras la firma del acuerdo que se celebró el viernes de la semana pasada con el intendente Miguel Lunghi, el titular de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, dijo que avanza el proceso que permitirá la pronta instalación de una delegación en la ciudad.

En ese sentido el funcionario bonaerense adelantó que en el transcurso de la semana entrante personal del área visitará los espacios alternativos sugeridos para su funcionamiento en el ámbito municipal, mientras se evalúan distintos perfiles para el encargado de la oficina local.

“Vamos a consensuar nombres con el Municipio en función de algunos candidatos que ya tenemos”, expresó y ratificó que será una persona de Tandil que “elegiremos nosotros porque será un colaborador nuestro”.

Además agregó que ser abogado no es un requisito esencial, aunque valoró que la profesión resulta de utilidad frente a los casos que demandan presentaciones judiciales, y para finalizar minimizó la eventual militancia política. “Buscamos que sea una persona que cumpla con lo que pretendemos, que es que se haga cargo de los problemas de los vecinos”, concluyó.

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