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La OMIC aguarda por las reacciones frente al nuevo formato de pago del gas

El Gobierno nacional dispuso que las distribuidoras de gas de todo el país deben emitir las facturas por los consumos de los usuarios residenciales correspondientes a los meses de julio y agosto con la alternativa de pago en cuatro cuotas mensuales consecutivas y sin interés.

La decisión será comunicada en las próximas horas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a las distribuidoras de todo el país y tiene por objetivo buscar facilitar a los usuarios el pago de los meses considerados de mayor consumo. Por tratarse del primer invierno en que se aplica la readecuación tarifaria y atendiendo que la población aún no alcanzó a modificar sus parámetros de consumo, el Gobierno dispuso a través del Enargas que las distribuidoras de gas amplíen las condiciones de pago.

La comunicación dirigida a las prestadoras de servicios dispone que las nuevas facturas a emitir desde la fecha hasta el 31 de octubre, correspondiente a los consumos de julio y agosto, tendrá que ofrecer la posibilidad de pago en cuatro cuotas. Es decir, que los consumos residenciales del bimestre se podrán pagar durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre en cuotas de similar importe y sin intereses.

En la práctica, para las empresas, se tratará de una nota de crédito por el 50 por ciento de la facturación que las distribuidoras no podrán cobrar en los meses de setiembre y octubre y que deberán diferir para los últimos dos meses del año.

En Tandil

La noticia tuvo también su repercusión en la ciudad. Marcela Vairo, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) fue consultada en el programa “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) y señaló que “es un anuncio del ministro Aranguren y hay que esperar la resolución para ver efectivamente que es lo que dice. El anuncio indica que las dos facturas con mayores consumos que son los meses de julio y agosto, se va a desmembrar en cuatro cuotas iguales, mensuales, consecutivas y sin interés. De todas formas hay que recordar lo dicho en su oportunidad, que venía un plan de reorganización de las tarifas que se inició en el 2016 y culminará en el 2018”.

Estos anuncios siempre tienen distintas lecturas políticas y muchos de los que reconocen que habrá un fuerte tarifazo expresan que recién se sentirá el impacto pasada las elecciones. Al respecto la funcionaria indicó que “nosotros ya sabíamos que el aumento venía, esperamos que el impacto sea un poco menor con el tema de la recategorización. Hay muchas personas que no pudieron ser recategorizadas porque tenían que tener un consumo menor desde el año pasado. Quien no lo pudo hacer, porque se toman los últimos seis bimestres, quizás no pudo ser recategorizado. También se sabe que las facturas que más impactan en los usuarios son la de los meses más fríos, lo que repercute en serio en la población, que cuando no es alcanzado por la tarifa social, se ve imposibilitado de dicho pago. Creo que siguiendo el lineamiento que dejó la Corte de Nación que ese aumento sí se puede realizar gradual y razonablemente. A eso está apuntando el desmembramiento de estas facturas”.

Sobre si en algún momento se llegará a actualizar definitivamente la tarifa indicó que “lo que se anunció que la revisión de las tarifa es hasta el 2018 es lo que salió en todas las resoluciones. Si a principio de 2018 si no continúa la revisión que es lo que está establecido hasta ahora, se tendría que estar regularizando el tema de la facturación”.

Luz

Vairo también respondió sobre una queja que se recibió en El Eco Multimedios de una familia que tenía una tarifa social y estaba pagando 400 pesos, llegándole la nueva boleta por 2 mil pesos. Cuando se acercó hasta la Usina Popular y Municipal a reclamar le dijeron que como habían recibido una mejora salarial en sus haberes quedaba afuera del beneficio.

Al respecto indicó que “hay que ver el caso puntual y le pediría a esa persona que se acerque hasta la oficina.
Recuerden que las autoridades de la luz como del gas, hay vías de excepción y la tarifa social está para determinados casos. Esos listados son móviles, en una facturación puede aparecer comprendida y en otra no porque hay un entrecruzamiento de datos. Hay que ver cuánto son los dos haberes, sueldos o jubilaciones mínimas o lo que establece la reglamentación”.

Agregó que “en perjuicio de ello también por vía de excepción tienen la potestad estos organismos de rever esa facturación y de ver si se puede llegar a ingresar dentro de la tarifa social o no”.

Un fondo económico para
ayudar a los inquilinos

En la ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña aprobó el proyecto de ley para bajar los gastos en las operaciones de alquiler de viviendas. La propuesta fue presentada a fines de julio por el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como una medida para ayudar y favorecer a las personas que necesitan alquilar una vivienda. A partir de esta ley, bajarán los gastos iniciales de la operación para el inquilino, porque estará prohibido cobrarle la comisión inmobiliaria. Este gasto deberá abonarlo el propietario, y no podrá superar el 4,15 por ciento del monto total del contrato. Por eso desde el sector inmobiliario aseguran que el dueño de la propiedad compensará ese costo aumentando el alquiler mensual.

Al decir de la campaña del candidato oficialista, en el Gobierno comunal se está trabajando en busca de confeccionar un fondo donde el Estado pueda intervenir buscando alguna herramienta que facilite a las personas poder alquilar, ya que en la OMIC se registraron muchos reclamos al respecto.

La funcionaria y también candidata por Cambiemos en cuarto término sostuvo que “se está trabajando en esa situación y seguramente el anuncio lo hagamos todos en conjunto o lo haga Mario Civalleri. Tanto en la Oficina del Consumidor como antes cuando estuve anteriormente como responsable de la Oficina de Mediación Comunitaria, una de las mayores problemáticas son los inquilinos por la erogación económica que tienen que hacer cada vez que deben renovar un contrato”.

Detalló que “la idea es generar algún tipo de fondo a los efectos de poder ayudar alrededor de 10 mil familias, dándole algún tipo de herramientas para poder renovar. Es un tema que preocupa y las nuevas políticas buscan proteger a los inquilinos”.

Vairo aclaró que “estamos hablando únicamente de un fondo porque los martilleros poseen una ley provincial que establece haberes mínimos, por lo tanto una modificación no estaría a nivel municipal sino que sería a nivel provincia. Lo que se está tratando de ver es algún otro tipo de herramienta”.

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