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MOVIMIENTO 1 DE OCTUBRE

Se desarrolló en Azul la audiencia convocada por el juez Bava, en la que se desligaron responsabilidades en el conflicto

Lunghi y Santamarina estuvieron ausentes con aviso. Los diferentes sectores involucrados expusieron que no tienen potestad alguna para vehiculizar las demandas del movimiento social. El juez federal consensuó una nueva mesa de diálogo el próximo jueves con el Municipio y otros organismos gubernamentales.

El Eco

Como estaba previsto, en el día de ayer se llevó a cabo la mesa de diálogo convocada por el  juez Martín Bava en la sede del Juzgado Federal 1 de Azul para intentar desactivar el conflicto latente entre el Movimiento 1 de Octubre y autoridades nacionales y provinciales, tras los bloqueos y desalojos acontecidos en los últimos meses, sin perjuicio de la prosecución de la causa por “Averiguación de delito” existente.

La audiencia se desarrolló por separado con cada una de las partes citadas. Participaron de la instancia de mediación el equipo del Juzgado Federal de Bava; Griselda Altamirano y Jorge Lezica por el movimiento social; el titular de la UDAI Azul, Néstor Álvarez; el titular de la regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola; su representante legal, Evaristo Martínez; en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el director de Atención Inmediata, Ignacio Girado; la directora de Asuntos Jurídicos, María Tusset; y por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Mora Pérez Diez y Roberto Saiz. En el acta rubricada al final del encuentro se dejó constancia de que el intendente de la ciudad de Tandil no se hizo presente, y realizó –vía conducto de la Secretaría de Desarrollo Social- una presentación escrita. El juez estableció una nueva audiencia para el jueves 20 de diciembre a las 11 en la que reiterará la citación al jefe comunal Miguel Lunghi y exhortará a otros funcionarios nacionales y provinciales para que formen parte de la misma.

Según declaraciones del responsable regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social a este Diario, desde la dependencia comprendieron que el juzgado quería escuchar a cada uno de las denunciantes del conflicto y conocer la problemática que los aqueja, por eso respondieron afirmativamente a la citación pero se desvincularon de las exigencias y reclamos del sector liderado por Altamirano y Lezica. Pereyra Iraola detalló que en la reunión  expusieron el trabajo que llevan a cabo en las oficinas públicas y añadió que de este modo la autoridad judicial competente pudo obtener mayores datos para seguir indagando en otros organismos. Afirmó que continúa la seguridad policial en las dependencias oficiales a pedido del juzgado y que volvieron a invocar la libre circulación para todos aquella ciudadanos que realicen su trámites en Anses

“En este caso puntual Anses ya se expidió formalmente en comunicación de prensa expresando que tiene todos los servicios al día y los programas también, nada del petitorio que elevó el movimiento concierne a programas nuestros”, sostuvo, y añadió que las puertas siempre están abiertas a dar servicio dentro del marco institucional, con todos los programas vigentes de la administración nacional.

Los ausentes con aviso 

El Municipio, por su parte, no envió ningún representante y reafirmó la necesidad de que “las actuaciones continúen por el sendero legal y procesal correspondiente, garantizando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos”

Las autoridades comunales explicaron que si bien la denuncia que dio inicio a esas actuaciones ante la Justicia Federal no partió desde el Municipio por exceder los hechos denunciados el ámbito de sus competencias, ante la citación mencionada los funcionarios municipales formalizaron una presentación suscripta por la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, donde expresa que las cuestiones que originaron la citación judicial exceden el ámbito de competencias del Municipio de Tandil”.

No obstante ello, detallaron los funcionarios, en la presentación se describieron los mecanismos de asistencia social con que cuenta el Municipio y la metodología de intervención ante situaciones de vulnerabilidad social, mediante los cuales se da respuesta en el marco de sus facultades y sus posibilidades a los diferentes requerimientos de distintas agrupaciones, instituciones y ciudadanos que se acercan por las vías formales preestablecidas a tal fin.

Asimismo, en el escrito presentado por las autoridades se señala que  “sin perjuicio de lo loable de pretender acudir al agotamiento de vías alternativas de resolución de conflictos como mecanismo alterno, sin ataduras a las disposiciones procesales vigentes en materia penal, es necesario poner de manifiesto la preocupación que genera en toda la comunidad, y particularmente a las autoridades públicas, la sensación de que el grave hecho de ser investigado por la eventual comisión de un delito federal, habilita la instancia de diálogo personal con las máximas autoridades de los diferentes Estados (Nacional, Provincial y Municipal), no teniendo la misma posibilidad un ciudadano que se apega estrictamente a la ley aún teniendo las mismas necesidades que reclamar”.

Los representantes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación acudieron a la citación del Juez Federal Martín Bava en el marco de las causas que tramitan en ese juzgado por las acciones de obstaculización de ingreso de los trabajadores de esa secretaría por parte del Movimiento 1 de octubre los días 18 y 19 de octubre y, nuevamente el 20 y 21 de noviembre. Los representantes de la Dirección Regional Pampeana de la Secretaría de Trabajo explicaron que no tienen ningún expediente en trámite de esa organización y que, en su momento, fueron todos puestos a disposición como lo viene haciendo hacia toda la ciudadanía. Asimismo, dado que lo expuesto en los petitorios por Griselda Altamirano correspondería a otros organismos del Estado, el juez consensuó una nueva audiencia, dejando abierto el canal de diálogo con Empleo y Trabajo.

“Sólo quieren meternos presos”

La dirigente del Movimiento 1 de Octubre le informó a El Eco de Tandil que las contrapartes no van a llegar a ningún acuerdo porque hay una cuestión personal con su figura y su modo de conducción.

Además, aclaró que el motivo por el cual el magistrado decidió incluir a la representación comunal de Tandil  en la mesa de diálogo radica en que el Municipio actúe como canalizador de las acciones y recursos que puedan conseguirse a través de Nación y Provincia.

“Estamos pidiendo tierras  para armar un mercado frutihortícola y mejoras de viviendas, eso responde a otra áreas, pero el Municipio puede articular las soluciones al respecto”, señaló Altamirano.

“Nuestros reclamos van dirigidos a Nación porque entendemos que son  los que mayores recursos poseen en materia de coparticipación, en segundo lugar a la Provincia, los municipios no cuentan con recursos para la generación de fuentes de trabajo, pero sí pueden constituirse  en articuladores, no tenemos un reclamo específico hacia ellos”, profundizó.

En una negociación que la agrupación definió como “forzada”, volvieron insistir en que no hay voluntad política alguna, más allá de los gestos del juez Bava por abordar la problemática desde de otro lugar. Mientras dure la etapa de diálogo desde la organización  desistieron de movilizarse en la vía pública, pero regresarán a las calles si las instancias se agotan y no hay soluciones.

De acuerdo a su relato, desde la vereda contraria esgrimieron que los pedidos son inviables  y que la agrupación no cuenta  con herramientas administrativas para llevar a cabo los proyectos peticionados, pero se defendió argumentando que tienen una cooperativa de trabajo y una  asociación civil, cuestionando que no pueden conocer cabalmente la situación de ellos si nunca se han sentado a hablar y preguntar sobre el tema. “Si faltara alguna herramienta administrativa se podría generar a partir del diálogo y la voluntad de hacer algo”, indicó la referente.

Altamirano persistió en la posición de que no hay de su lado interés alguno en monopolizar ninguna cuestión ni orquestar un manejo clientelar de los recursos, “queremos que  se ponga en discusión lo de trabajo genuino con salario digno, que los puestos de trabajo que se generen sean en función del límite de pobreza y no el de indigencia que ellos ofrecen”.

Los reclamos enarbolados por el movimiento son en función de conseguir materializar proyectos productivos y no dar contraprestación a través de distintos planes de contención social. “Quieren empobrecer a la clase trabajadora, no queremos quedarnos cobrando planes sociales, pero no ofrecen alternativas. El Estado le compra a privados extranjeros en vez de hacerlo a nivel regional, por ejemplo, es una posición ideológica y política. Sólo quieren desalojarnos, judicializarnos y meternos presos”, dijo.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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