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Tras otra audiencia con el juez Bava, Altamirano ratificó la tregua y desligó al Municipio del conflicto

La referente del Movimiento 1 de Octubre brindó detalles de la mediación que se realizó en el juzgado federal de Azul con la titular de Desarrollo Social local y otros actores institucionales. Reforzó que la facultad de responder a sus reclamos de trabajo genuino se encuentra en la órbita nacional y que el Municipio sólo puede canalizar las acciones que bajen desde allí. El juez seguirá con las mediaciones para intentar resolver el conflicto.

El Eco

Ayer se desarrolló un nuevo episodio del conflicto que tiene como protagonistas al Movimiento 1 de Octubre y diversos actores estatales. Las mesas de diálogo -la primera fue la semana pasada- convocadas por el  juez Martín Bava en la sede del Juzgado Federal 1 de Azul tienen el propósito de desactivar las desavenencias entre ambas partes, tras los bloqueos a dependencias gubernamentales  y desalojos acontecidos en los últimos meses, sin perjuicio de la prosecución de la causa penal por “Averiguación de delito” existente.

La audiencia se llevó a cabo por separado con cada una de las partes citadas. Participaron de la instancia de mediación el equipo del Juzgado Federal de Bava; Griselda Altamirano, Jorge Lezica y Gustavo Marcelo Luján por el movimiento social; Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social de Tandil; Andrés Curcio,  titular de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio; y Sergio Daniel Sieben, abogado de la Fuerza Aérea Oficial Auditor.

La presencia de Sieben se debía a la solicitud de la agrupación de contar con tierras para la materialización de sus proyectos productivos. En este caso se habló de terrenos en desuso  pertenecientes a las fuerzas armadas, pero el letrado militar aclaró que éstos  se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Bienes del Estado dependiente de Presidencia de la Nación y ponderó necesario convocar en próximas oportunidades a un representante con decisión de dicha entidad, conforme a obtener gestiones al respecto.

En el acta rubricada al final del encuentro se dejó constancia de la necesidad de convocar a una nueva reunión  el próximo juez 27 de diciembre a las 10 en la sede del Poder Judicial de la vecina ciudad.

El apoyo de Desarrollo Social

El magistrado escuchó a cada uno de los concurrentes y fue posible avanzar en pequeñas acciones propuestas por el área de Desarrollo Social municipal. Es preciso consignar que el Movimiento 1 de Octubre reafirmó su postura de no manifestarse en la vía pública mientras dure el periodo de mediación instituido por el juez.

En comunicación con este medio, la referente social Griselda Altamirano desvió el eje del reclamo y las responsabilidades del Ejecutivo local y apuntó a los estratos superiores de Nación.

“Seguimos insistiendo en que nuestro reclamo va para Nación, que es el nivel que más recursos tiene. La presencia del municipio tenía más que ver con que el juez los citó y no porque nosotros precisáramos algún tipo de mediación para reunirnos con el área de Desarrollo Social, tenemos un diálogo fluido con ellos y siempre trabajamos en conjunto”, expresó, revalidando la cordial relación que sostiene la agrupación con la secretaría que comandan Marcieri y Civallieri.

En la audiencia se acordaron ciertas cuestiones concretas que el área mencionada llevó al encuentro. Una de ellas es el ofrecimiento de apoyo municipal para solventar el microemprendimiento del taller de costura que posee la organización y la responsabilidad de  gestionar la venta de los productos allí generados. Además, se puso a disposición del movimiento el acceso a las becas UDIS del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, destinadas a proveer un espacio de cuidado para los hijos de las mujeres trabajadoras. También se pactó la incorporación de dos familias a un proyecto de huerta del que participan otras organizaciones sociales.

La líder del grupo puntualizó que la capacidad de resolución de un Municipio es mínima, por eso los depositarios de sus reclamos son los actores que detentan algún tipo de responsabilidad dentro de la órbita nacional, por contar con mayores recursos y programas para dar respuesta a los pedidos.

“Y son los dueños de la tierra que permitiría vehiculizar nuestra propuesta de un mercado frutihortícola  para que haya más puestos d trabajo y no los pequeños emprendimientos  productivos  que se pueden generar a nivel local en todos los distritos. Al Municipio lo que le pedimos es que sea un canalizador de lo que podamos conseguir a través de Nación y Provincia”, detalló.

Entre las líneas de trabajo acordadas, se concretó la invitación formal por parte del Municipio de Tandil al movimiento 1 de Octubre para que forme parte de las diferentes mesas de diálogo y decisión que existen en el ámbito y la solicitud de que sean parte integrante del Consejo Económico y Social recientemente constituido, moción aceptada por la contraparte.

Pese a los avances y la buena voluntad manifestada por un sector, Altamirano expuso que el problema  crucial es que a las audiencias asisten los actores institucionales con los que ellos ya tienen diálogo y trabajan de manera articulada, y no los que tienen verdadero poder de decisión.

Los niveles de responsabilidad

El centro del conflicto que mantiene la agrupación no reside en la órbita de Desarrollo Social en ninguno de sus tres niveles, sino en las áreas que ellos consideran que tienen la potestad de generar puestos  de trabajo genuino para resolver la cuestión estructural y no seguir recurriendo a los “parches” municipales o a la asistencia, que sólo sirven para paliar de momento la situación.

“Que haya una salida a partir de proyectos productivos más grandes que tengan en cuenta la economía regional  y las familias puedan superar el límite de pobreza”, deseó Altamirano al efectuar un breve resumen de lo que plantean como organización.

En su discurso no se olvidó de volver a cargar las tintas contra  Gonzalo Santamarina (director de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para Región Pampeana) -con quien mantienen un áspero enfrentamiento- y el jefe de la regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola. Ambos fueron convocados por el juez federal a la audiencia pasada, pero Santamarina se ausentó y envío representantes ministeriales en su lugar. Por su parte, Pereyra Iraola sí fue de la partida y frente a Bava desvinculó a la entidad que regentea del reclamo iniciado por el movimiento, alegando carecer de injerencia para vehiculizar las demandas expuestas. Ambos funcionarios denunciaron penalmente a la mujer por los bloqueos a las dependencias a su cargo en los meses de octubre y noviembre, posteriormente desalojadas por la Policía Federal previa orden judicial. De estos hechos se desprende la anteriormente citada causa penal que envuelve a los miembros de la agrupación.

“Políticamente no lo quieren resolver. Que blanqueen la situación porque  el reclamo va a continuar, no tiene que ver  con una voluntad nuestra de ir en contra sino con una necesidad de resolver nuestros problemas”, señaló, y defendió su postura de que las mejoras económicas tienen que llegar a todos. Atendiendo a sus palabras, el 40 por ciento del PBI se produce en el centro de la Pampa húmeda, “que devuelvan un poco a la región. Si no les gusta nuestra organización que lo hagan a través de los municipios, pero que llegue algo”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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