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Fiscal pidió que Scioli y Scarcella vayan a juicio por contrataciones irregulares

El fiscal Álvaro Garganta pidió ayer que el ex gobernador Daniel Scioli y varios integrantes de su gobierno, entre los que se encuentra el tandilense Guillermo Scarcella, vayan a juicio por presuntas contrataciones irregulares y el actual diputado consideró que la causa es parte de “un modus operandi para acallar voces críticas”.

El Eco

En el marco de una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de la provincia de Buenos Aires, el fiscal acusa a Scioli de los delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.

El pedido de juicio incluye al exministro de Salud Federico Alejandro Collia, al extitular de Aguas Bonaerenses Guillermo Scarcella, así como al exjefe de Gabinete Alberto Pérez, entre muchos otros.

“No creo en las casualidades, hay un modus operandi para acallar voces críticas”, expresó Scioli tras conocer el pedido del fiscal y agregó: “Desde el primer momento tomé la decisión de que esto se responda en el ámbito correspondiente”.

En declaraciones a Radio Con Vos, el exgobernador indicó: “Esto empezó con los 20 mil millones de pesos que habíamos retirado en efectivo, que los campos en Tandil, que el título trucho, propiedades en Italia. Confío en que se van a ir aclarando las cosas”.

“Ahora hay una solicitud de elevación a juicio, una dinámica que ha ocurrido también en otros casos. Qué casualidad, a partir de que se instala una eventual potencial precandidatura, pasan las cosas que pasan”, agregó.

La causa principal es por la adjudicación de manera irregular al empresario Ricardo Miller de nueve obras públicas por más de 117.000.000 de pesos, consistentes en la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) y la ampliación de una de ellas, todas en favor de la empresa Miller Building International SA.

Según la acusación existe una relación personal y comercial que el gobernador mantenía con Miller por las dádivas que el primer mandatario percibía.

La acusación es por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública en concurso real con tráfico de influencias en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, sumado a dádivas que se sospecha recibió Scioli.

A Scioli lo acusa de ser instigador de negociación incompatible de la función pública y autor del tráfico de influencias.

Según consta en la causa, Miller le alquiló y compró un terreno a Scioli donde se estaba construyendo un complejo hotelero ubicado en Villa La Ñata.

La operación de compra del terreno fue en 2017 por 3.850.000 de dólares, el empresario Miller le alquiló el predio al entonces gobernador para montar el emprendimiento hotelero.

Tras el pedido fiscal, la jueza de garantías Marcela Garmendia debe resolver si lo envía a juicio a Scioli y otros 38 acusados.

 

La causa

Tal como se adelantó en ediciones pasadas, después de dos años, la Fiscalía 11 de La Plata a cargo de Alvaro Garganta finalizó la etapa de instrucción de las causas abiertas para investigar lavado de activos, desvío de fondos, adjudicación irregular de obras y negociaciones incompatibles con la función pública durante la gestión de Daniel Scioli en distintos organismos de la Provincia, con figuras que contemplan penas de hasta 50 años de cárcel para el exgobernador, el exjefe de Gabinete Alberto Pérez, el exministro Alejandro Collia, el extitular de IOMA Antonio La Scaleia y el expresidente de ABSA, el tandilense Guillermo Scarcella, entre otros muchos funcionarios de segundas líneas.

La denominada “megacausa Scioli”, en rigor son seis causas vinculadas a distintos hechos que se iniciaron en 2016 a partir de una denuncia radicada en la Justicia platense por la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió y que en la actualidad tiene un total de 48 imputados, todos y cada uno de los cuales llegará a juicio oral con calificaciones legales que contemplan una expectativa de pena de hasta 50 años.

La causa central se desdobla en varias investigaciones puntuales, que van desde la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública, millonarios contratos irregulares en ABSA, facturas truchas emitidas desde la Jefatura de Gabinete y con el programa “Soluciones Ya” y una larga serie de maniobras de fraude con internaciones domiciliarias y medicación oncológica.

¿Cuánto tiempo podría pasar hasta que el ex gobernador, varios de sus colaboradores más cercanos y funcionarios lleguen a enfrentar a un Tribunal Oral Criminal? Las estimaciones en la Justicia platense varían. Lo cierto es que, finalizada la instrucción por parte de Garganta, la causa entrará en una instancia donde se deberá resolver una larga serie de recursos y planteos presentados por los abogados defensores de los imputados en varias de las causas. Entre ellos, una recusación contra la jueza Garmendia impulsada por la defensa de los procesados en la investigación por supuestas irregularidades en el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). “Todo podría demorarse un año”, dicen en los pasillos de las Fiscalías platenses.

El exgobernador, ex candidato presidencial del kirchnerismo y actual diputado nacional es la figura central de la investigación que se extendió durante dos años y en la que Garganta contó con asistencia técnica y de personal de la Procuración General de la Corte y de la Unidad de Activos Ilegales de la Superintendencia de Narcotráfico del ministerio de Seguridad de la Provincia.

Scioli llegará a la instancia oral inhibido por casi 200 millones de pesos e imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en nueve hechos en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, igual que el exministro de Salud, Alejandro Collia, y Ricardo Estanislao Miller, el empresario amigo del exgobernador que fue beneficiado con la adjudicación de construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

Miller Building SA construyó 15 de las 17 UPA durante la gestión de Scioli en la Provincia. La Justicia puso la mira en nueve de ellas, una de las cuales es la que se levantó en Los Hornos. Además, la firma del “Petiso” Miller compró en 2016 el predio a donde vivió el exGobernador en Villa La Ñata por U$S 3.850.000. Scioli había incluido el terreno en su declaración jurada de 2017 con una valuación de 9 millones de pesos, sin embargo meses más tarde lo vendió en casi 62 millones de pesos.

 

Contra el tandilense

La otra investigación troncal es la relacionada al funcionamiento de ABSA, la empresa estatal de aguas y cloacas, entre 2009 y 2015. El presidente de la firma durante toda la anterior gestión fue el tandilense Guillermo Scarcella, considerado un operador judicial muy cercano a Scioli, sindicado como su presunto testaferro en la denuncia de Carrió, que hoy está imputado por “negociaciones incompatibles con la función pública, en 22 hechos en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una expectativa de pena de 1 a 50 años según la elevatoria a juicio del fiscal Garganta.

Scarcella está apuntado por 22 contratos de servicios de alquileres de maquinarias calificadas como irregulares por un valor total de 62.7 millones de pesos. Junto a él fue procesado Pablo Damián Elias.

La “megacausa” Scioli tiene como uno de sus ejes la causa vinculada a supuestos delitos de corrupción en IOMA durante la gestión del ex titular Antonio “Tano” La Scaleia, donde se investiga un gigantesco fraude por más de 650 millones de pesos sólo entre 2013 y 2015.

Complejidades

Según citó el diario platense El Día, junto a La Scaleia hay otros 19 procesados, entre funcionarios, integrantes del directorio vinculados a sindicatos y empresarios de firmas de internación domiciliaria, imputados por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.

La instrucción vinculada a IOMA fue una de las más complejas por la enorme cantidad de casos denunciados y adjuntados a la investigación de afiliados que aparecían como beneficiarios de internaciones domiciliarias que se financiaban con dinero de la obra social pública de la Provincia. Además, en la mira hay otra larga serie de casos de supuestas irregularidades con medicación y prótesis.

Considerado la mano derecha de Scioli y su hombre de máxima confianza, Alberto Pérez es otra de las figuras centrales de la causa que ahora llegará a juicio oral si la jueza Garmendia no dicta su sobreseimiento. El ex jefe de Gabinete está imputado por los delitos de peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y con incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de un instrumento público. Con esos delitos, la expectativa de prisión es de 1 a 50 años.

Pérez quedó en la mira por la emisión de una serie de facturas apócrifas desde la Jefatura de Gabinete para financiar eventos. En total, según la instrucción de la causa, la suma total bajo la lupa es de 10.720.000 pesos. En esta causa también está imputado Walter Carbone, ex director de administración del organismo en cuya lujosa vivienda se encontró una enorme estatua de un dragón con una caja fuerte empotrada.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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