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La causa por el presunto abuso a una menor sigue estancada y se dio intervención al Servicio Local

Transitaron las horas, los meses y aquella espuma que se intentó llevar puestos a funcionarios judiciales y políticos, con declaraciones rimbombantes como inescrupulosas que llevaron al escarnio a una menor víctima de lo que se denunció como una violación en una casaquinta de la zona La Blanqueada, ha mermado el ensordecedor ruido mediático más allá de las fronteras serranas. Paradójicamente, aquella Justicia y sus actores que fueron vapuleados por su inacción resultan a estas alturas los únicos interesados en esclarecer qué paso.

Ya no están los flashes foráneos, tampoco las marchas y pancartas reclamando por la cabeza de los responsables de aquella atrocidad -complicidades mediante- denunciada. No se escuchó más ni se lo vio al abogado que suponía patrocinar los intereses vulnerados de la menor. Pero hay algo aún más complejo, delicado, de quien tampoco se sabe es de la menor, la única que merece tanto la atención psicológica y física como la contención afectiva.

A partir de este incierto escenario, la investigación sigue estancada. Ya desfilaron decenas de testigos y lo que hasta aquí se sustancia en el expediente dista de aquella escandalosa exposición que el entorno de la menor vociferó y replicó sin medir consecuencias. Dos realidades paralelas que únicamente se bifurcan cuando se citan a los protagonistas principales como secundarios de una película intrincada, de intereses cruzados, que lejos están aún de conocer un desenlace.

Sin tratamiento

A saber, según la información oficial que consta en la causa, desde el 16 de diciembre del año pasado nada más se supo de la menor que, por prescripción médica, debía someterse a un tratamiento psicológico y psiquiátrico con profesionales del Sistema de Salud.

Desde su internación en Mar del Plata hasta su regreso a la ciudad, poco y nada se pudo intervenir en materia de salud con la menor, con quien resultó infructuoso contactarla, incluso con las asistentes sociales que oportunamente se toparon con la resistencia de sus progenitores. Poco tampoco se conoce sobre su régimen de escolarización que, hasta donde se sabía, tenía apoyo domiciliario.

La situación no es fácil. Para la Justicia es indispensable que la joven vuelva a los tratamientos en pos de contar con un certero diagnóstico y se pueda determinar si está estabilizada con el fin de afrontar una Cámara Gesell y, con dicha entrevista, poder arribar a su versión sobre lo que ocurrió aquella noche de sábado, madrugada de domingo de junio, cuando fue atropellada en plena Ruta 226 y, más precisamente, lo sucedido horas previas, en aquella fiesta privada en la casaquinta de La Blanqueada.

A más precisiones, la menor fue atropellada alrededor de las 7.10 del domingo por una camioneta, en el kilómetro 169,300 de la Ruta 226. A raíz del impacto, sufrió heridas que requirieron su internación en el Hospital Municipal Ramón Santamarina y de allí, al anoticiarse que se trataba de una menor fue derivada al Hospital de Niños, desde donde los profesionales dieron cuenta de una lesión en sus partes íntimas, que generó la alarma en su familia al sospechar que podría haber sido abusada sexualmente.

Desde allí, en cuestión de una semana, todo el conocido derrotero de trascendidos, declaraciones, movilizaciones y acusaciones que, con el paso del tiempo, se fueron diluyendo hasta la invisibilidad de la propia víctima.

Frente al incierto panorama que presenta tanto la instrucción penal como la situación social de la menor, se ha dado intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, que evaluará si hay vulneración de los derechos de la joven y, a partir de allí, analizará qué estrategia es posible implementar.

En paralelo, en la instrucción penal aguardarán dicha intervención y prevén que en las próximas dos semanas los psicólogos intenten mantener una entrevista con la joven y así poder determinar si está en condiciones de prestar declaración. Hasta ayer, lo que se conocía versaba con que la menor no podía declarar ni sostener un relato. Extraoficialmente se adujo que la víctima estaba “reseteada” por el trauma físico y psíquico.

A más datos, alcanza con reseñar un informe de la dirección hospitalaria, que hablaba de indicadores clínicos probables con “cuadro de estrés postraumático agudo con marcada labilidad e impulsividad, e inmersa en un contexto sociofamiliar de riesgo (…) observándose escaso registro de pautas de alarma y dificultades de contención emocional de la paciente por parte de la madre”.
Se asume -decía aquel informe- “paciente con una alta vulnerabilidad psíquica”, abonando el “cuadro clínico actual de causa multifactorial, reactivo a ambientales que han influido negativamente en su progreso evolutivo”.

Hasta allí y al 16 de diciembre pasado, nada más se pudo evaluar sobre la menor expuesta públicamente, hasta que casi todos resolvieron olvidar, menos los actores judiciales que están obligados a concluir un expediente, del cual depende también el o los jóvenes que fueron señalados sin contemplación como los autores de una atrocidad que aún no se pudo probar ni descartar.

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