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Concejales plantearon dudas sobre la refinanciación de un millonario convenio urbanístico

Los concejales que integran la Comisión de Obras Públicas convocarán a funcionarios de la Secretaría de Economía para que expliquen los términos de la refinanciación del convenio urbanístico que el Intendente había firmado en 2014 con los responsables del hotel Howard Johnson. El Concejo Deliberante le había otorgado al privado una excepción para incrementar el 240 por ciento la densidad de la parcela y habilitar el uso de hospedaje mayor a 20 pasajeros.

Como participación del Municipio en la renta extraordinaria que genera esa medida administrativa, la cadena hotelera debía pagar cerca de 1,5 millones de pesos que se destinarían a obras de gas en los barrios y un 30 por ciento de aumento en la Tasa Unificada a la Actividad Económica (TUAE). Sin embargo, dos años después, la empresa no pagó y el Ejecutivo elevó al Concejo un pedido de refinanciación en el que no se respeta el precio establecido en el convenio urbanístico que obtuvo la convalidación de los legisladores.

Ante esta situación, los ediles de los distintos bloques que integran la Comisión de Obras Públicas decidieron, el último martes, llamar a los funcionarios de Economía para que brinden los argumentos. Sin embargo, en el expediente consta que el hotel ya empezó a abonar el plan de pagos que aún no obtuvo el visto bueno del Legislativo.

“Se firmó el convenio urbanístico, se le dio la excepción, pero parece que pagaron un puchito y ahora, después de dos años, piden la reformulación del convenio que implica cambiar el precio y piden 12 cuotas. Qué sentido tiene aprobar los expedientes, hacer un convenio con razonabilidad, dándole la posibilidad al privado de que se desarrolle en un lugar que no puede si después no cumple”, cuestionó el concejal Facundo Llano, integrante del Bloque Justicialista.

El edil aclaró que el hotel no canceló la deuda, entonces “ahora vienen a reformular los pagos, pero no pagando de acuerdo al convenio sino tomando el Indice de la Construcción, tomando otro tipo de tasa de interés y además, pidiendo un plan de pago de un año y pico que, además, según consta en el expediente, ya empezaron a pagar. O sea que el Ejecutivo hizo lo que quiso”.

Desconfianza
del Concejo

Llano anticipó que “no lo vamos a aprobar” y agregó que “cierta parte del oficialismo se para de manos para ver de qué se trata”. En esa línea, preguntó “qué confianza puede tener el Concejo Deliberante en darle la derecha al Ejecutivo para que negocie un convenio urbanístico, para que otorgue excepcionalidad, si después esos convenios no se cumplen, y además cambian un requisito esencial de cualquier contrato, que es el precio. El precio y la cosa son los dos requisitos de cualquier transacción, de un auto, de una casa, de un bien; si cambian el precio o la cosa, están cambiando el contrato”.

Por otra parte, llamó a evaluar esta situación en un contexto general y citó otros dos expedientes que aguardan definiciones del Legislativo. Uno es la reformulación del convenio urbanístico por el local de la concesionaria Bari y el otro contempla un pedido de excepción para la construcción de un complejo de locales o minishoping en la avenida Don Bosco. “Son temas muy pesados en lo que hace al desarrollo de la ciudad y económicamente”, advirtió.

Y fundamentó que “no somos negacionistas. Lo que queremos es ejercer el rol que tenemos que ejercer. No puede ser que venga un convenio de Howard Johnson después de dos años que tendrían que haber pagado, con una refinanciación cambiando los valores. Es una tomada de pelo al titular de la peluquería que le van a cobrar la Tasa a la Actividad Económica o al del mercadito que no se lo aprueban porque no tiene final de obra”.

El convenio

En diciembre de 2014, el Ejecutivo había elevado al Concejo el expediente para convalidar el convenio urbanístico firmado por el Intendente y el representante de la cadena Howard Johnson, que por entonces quería construir un hotel de 70 habitaciones en El Paraíso. Para hacer viable el proyecto, los inversores solicitaron la aprobación por vía de excepción del incremento en un 240 por ciento de la densidad para la parcela adquirida y el uso de hospedaje mayor a 20 pasajeros.

A partir del acuerdo, la firma le debía pagar al Municipio un monto cercano a 1,5 millones de pesos y un plus del 30 por ciento sobre la liquidación de la Tasa Unificada de Actividad Económica, como participación del Municipio en la renta urbana extraordinaria. Los recursos de la plusvalía serán afectados a obras de gas en barrios como Las Tunitas y La Movediza, detalle que el Ejecutivo consignó en el expediente.

El por entonces secretario de Economía Gastón Morando, celebraba que se trataba del primer convenio urbanístico “importante” y destacaba que el Estado municipal recaudaría una suma similar a lo proyectado para 2015 en concepto de Fondo de Gas.

Finalmente, los recursos, que se destinarían a extensión de la red de gas en Las Tunitas y La Movediza, aún no ingresaron a las arcas del Estado municipal y se discute en el Concejo un plan de pagos con refinanciación. Según la letra del convenio, el hotel necesita cancelar la deuda para obtener el final de obra.

Por mayoría, aprobaron una excepción
para la casa protegida por ordenanza

En la última sesión, el Concejo Deliberante mantuvo un fuerte debate por un pedido de excepción para un desarrollo inmobiliario en el inmueble de Paz 1133. La demolición de la fachada de esa casona había sido frenada por los vecinos del barrio de La Estación, quienes detectaron que era patrimonio y estaba protegida por ordenanza.

El Ejecutivo había autorizado la construcción de un complejo de departamentos y locales en el inmueble de Paz 1133. Una vez que se detectó el error administrativo, a partir de la intervención de los vecinos, Obras Privadas paralizó la demolición cuando todavía no se había derribado la fachada. Luego le solicitó a la arquitecta que modificara el proyecto original porque se trataba de un edificio protegido por el Municipio.

“Ahí están las responsabilidades del profesional, y muchos de los que intervienen en el expediente del Ejecutivo y algunos concejales del oficialismo que conocen a la arquitecta interviniente dicen que sabía que existía esa protección. Considero que independientemente de si sabía o no, debió saberlo porque la norma está escrita y ella como profesional tiene que saber cuándo está protegido o no”, dijo el concejal Facundo Llano tras el debate en el recinto.

A pesar de que el inmueble había sido resguardado como patrimonio, el proyecto consiguió el visado de la Dirección de Obras Privadas, que suele ser muy celosa a la hora de evaluar que se cumpla el Código de Edificación y las normas vigentes. “Supuestamente ese filtro lo pasó, fue aprobado o, al menos, le dieron el okey para que inicie la obra, pero cuando los vecinos la frenaron, le pidieron a la arquitecta que replantee el proyecto”, recapituló el concejal del Bloque Justicialista.

A partir de entonces, la arquitecta presentó dos opciones. Una conservaba la puerta de acceso y algunos metros de frente, pero el Municipio optó por la que preservaba la fachada completa pese a que no le daban los indicadores urbanísticos debido a que se excedía 1,60 metros de la altura permitida en esa zona de la ciudad.

La excepción

Por ese motivo, se elevó un pedido de excepción al Concejo Deliberante, que ingresó a la Comisión de Obras Públicas. “Empezamos a ver que había sucedido todo eso. Unos decían que la arquitecta ya sabía, que no debió presentar el proyecto original. Otros decían que la responsabilidad era del Municipio. Se inició un presumario para ver qué había pasado, quién lo había autorizado, que eso no sabemos qué curso tiene porque no está en ámbito del Concejo”, indicó el concejal.

Y explicó que la postura del Bloque Justicialista consiste en que “independientemente de lo sucedido antes, tomamos que hay una fachada que tiene que ser protegida y que si hay un proyecto que está solicitando una excepción pasible de ser aprobada, tiene que venir con un convenio urbanístico que efectivamente determine cuáles son las condiciones por las cuales va a construir y cuál es la renta que le va a dar al Estado municipal por construir más de lo permitido, como en todas las excepciones que se vienen dando de esas características”.

Agregó que el bloque oficialista propuso votar la excepción y poner un segundo artículo en el que establecía reenviar el expediente al Ejecutivo para que analice si correspondía firmar un convenio urbanístico.

Llano rechazó esa postura y argumentó que “sienta un precedente en contra del Estado municipal. Permitir una excepción de esas características sin convenio urbanístico es jugar a favor del privado porque efectivamente no quería detener la obra, probablemente, por los errores administrativos anteriores que no son imputables al Concejo.

Además, no solo es responsabilidad del Estado si eventualmente preaprobaron el proyecto, también es responsabilidad del profesional que presentó mal el proyecto. Nosotros lo que hacemos es proteger el edificio y proteger los intereses del Estado, que es que cuando viene un particular con un proyecto y requiere una renta extraordinaria producto de la decisión del Estado, firme un convenio urbanístico”.

En ese sentido, marcó que ante la excepción surgía “la necesidad del convenio, la exigencia legal del convenio. Me parece que el oficialismo se apuró porque detenía la obra, porque tenía cola de paja, porque los titulares del fideicomiso hicieron loby para que salga, y la verdad que se equivocaron porque sentaron un mal precedente. Tendrían que haber vuelto el expediente al Ejecutivo para que se haga el convenio y después sí someterlo a análisis del Concejo”.

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