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El Concejo detectó serias irregularidades en la licitación por el edificio de Vialidad

La Comisión de Economía del Concejo Deliberante decidió devolver al Departamento Ejecutivo el expediente con la única oferta en el marco de la licitación pública para la construcción del edificio de Vialidad, tras determinar que presentaba serias irregularidades que impedían su convalidación. Lo mismo ocurrió con una licitación privada para el corte de pastos en espacios verdes, que también fue rechazada. En ambos casos, el oficialismo tomó la decisión tras las objeciones que planteó el Bloque Justicialista.

En la última sesión legislativa, el concejal Facundo Llano puso reparos a dos expedientes correspondientes a una licitación pública y otra privada. Ante el planteo, el radical José Luis Labaroní mocionó que los asuntos regresaran a comisión y luego determinó que fueran reenviados al Ejecutivo para que tome nota de las irregularidades.

“Vienen al Concejo los expedientes que tienen oferta única. Esto es norma por el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que cuando hay una licitación de una única oferta, el Concejo Deliberante tiene que evaluar la conveniencia de aprobarlo o no. Hasta ese momento, esa contratación no es válida para el Estado”, explicó el concejal Llano.

En ese sentido, destacó que la labor del Legislativo ante la oferta única es controlar, como en el caso de la licitación pública para la construcción del edificio de Vialidad en el predio de la exfábrica Buxton, donde se presentó el Grupo Zyasa con una oferta superior a 1,6 millones de pesos.

Sin embargo, advirtió que “salió un decreto del Intendente aprobando esa licitación, entonces si tuvo principio de ejecución la obra, si el privado llegó a hacer actos conformes a ese contrato y a esa licitación, va a ser responsabilidad del Intendente”.

Los “vicios
formales”

Facundo Llano detalló que de ese expediente surge que “no se publicó el llamado a licitación en el Boletín Oficial ni dos días en los diarios locales, como lo exige la Ley Orgánica de las Municipalidades. De esa manera, acota las posibilidades de información de las empresas y de participación”.

Analizó que la publicidad, donde se informan las características de la obra, el valor oficial y la convocatoria a presentar ofertas, “le da transparencia e igualdad a todas las empresas, al tener el acceso a la información pública. Conjuntamente con eso, el Estado tiene que llamar a las empresas para que efectivamente exista concurrencia de precios”.

Y resaltó que en el caso del edificio de Vialidad “no solamente que no se dieron esas publicaciones sino que además la presentación de la única empresa tiene vicios formales muy importantes, como las enmiendas y tachaduras que se hicieron precisamente en los montos a contratar, es decir, en la propuesta económica que hace la empresa al Municipio”.

En tercer lugar, consignó que “hay un informe de la contadora (de la comuna) que pone en alerta respecto a la capacidad económica de la empresa y además, es una empresa que cotiza por encima del valor oficial que si bien está dentro de los cánones que prevé la ley, tampoco es una oferta beneficiosa en términos económicos”.

En este sentido, explicó que en cada licitación debe intervenir el funcionario que establece la ley, quien antes de la adjudicación debe revisar si se siguieron los pasos legales correspondientes. En este caso, la contadora del Municipio marcó que faltó publicar el llamado a licitación y la situación económica de la firma.

Llano evaluó que en el análisis de la contadora no están salvadas las razones por las cuales se enmendó la propuesta económica ni fundamentó si se publicaron los llamados a licitación en medios alternativos.

“No pueden recibir una hoja con una tachadura que además no está salvada, porque la empresa no tiene necesidad de tachar porque tiene la posibilidad, hasta último momento, de bajar el formulario que quiera y presentarla bien”, explicó sobre la mecánica del procedimiento.

El concejal del Bloque Justicialista agregó que “los pliegos y las leyes administrativas dicen que no puede estar la propuesta económica tachada. Sumado a eso, la duda que hay respecto a la solvencia económica de la empresa y la escasa publicidad en los diarios, que además es una nulidad administrativa no solo es un tema formal, no se puede continuar con una contratación pública si no se cumplieron los requisitos de la publicación de los edictos en el Boletín y en los diarios”.

El segundo
expediente

Por otro lado, el Bloque Justicialista objetó una licitación privada para cortar el pasto en distintos lugares de la ciudad, por cerca de 600 mil pesos que se le pagarán a un solo monotributista.

“La ley pide que se hagan como mínimo cinco invitaciones a distintos proveedores del rubro y acá se hicieron tres solamente y de esas tres invitaciones, dos fueron a un mismo domicilio que casualmente es el de la que ganó. En realidad, fueron solo dos invitaciones porque de las tres, dos fueron a un domicilio de Barker que ni siquiera es una persona de Tandil la proveedora”, remarcó Llano.

En este sentido, explicó que en la dinámica de la licitación privada la comuna está obligada a invitar a al menos cinco proveedores, aunque también podría convocar a diez o más, lo que mejoraría la competencia.

“Parecen cuestiones burocráticas
pero hacen a la transparencia”

En relación al tratamiento de este tipo de convalidaciones, el concejal Llano advirtió que “hemos aprobado expedientes de oferta única” y citó la licitación pública de más de diez cuadras de pavimentación en todo el partido por unos 10 millones de pesos, que “si bien reunía las formalidades y se aprobó, es importante que el Estado arbitre los medios para que se presenten muchas empresas porque significa que hay concurrencia de ofertas, hay puja de valores y de servicios, y posibilidades de control entre las propias empresas del proceso de licitación”.

En ese caso, analizó que “si bien llama la atención que una sola empresa esté en condiciones de prestarle ese servicio a Tandil por una obra que es muy importante, están reunidos los requisitos formales, con lo cual no podemos no aprobar porque nos llama la atención que sea solo esta empresa. Sí tenemos que preguntar qué pasa porque esta empresa solo hizo trabajos en Capital Federal, no tiene experiencia en el partido de Tandil, porqué justo ahora se presentó. Esas son cosas que tenemos que investigar y averiguar, pero si reúne los requisitos para eso están los pliegos, los procedimientos”.

Desde su experiencia, marcó que desde la Comisión de Economía han devuelto expedientes de licitaciones de oferta única al Ejecutivo, pero resultó llamativo que estos dos expedientes llegaran al recinto y no tuvieran tratamiento.
En relación a los motivos que llevaron a regresar licitaciones al Ejecutivo, consignó que en algunas no se invitó a suficientes empresas, hubo errores en las notificaciones o no se adjuntaron las constancias del correo de recepción de la invitación. “Son cosas que parecen cuestiones burocráticas, pero hay que seguirlas porque hacen a la transparencia y a la posibilidad de participar de todos”, resaltó.

Al mismo tiempo, afirmó que “estos procedimientos no contribuyen en nada a la transparencia. Al contrario, enmendar una propuesta económica o permitir que tenga su curso una propuesta enmendada o tachada o arreglada con liquid paper no es para nada saludable para la administración pública”.

El concejal estimó que “algunas cosas se hacen por tratar de ahorrar tiempo y otras cosas hay que ver y hay que analizar con mayor profundidad, porque si en la comodidad de tener un proveedor acuden al mismo y obvian pasos administrativos exigidos por la ley y se coarta la posibilidad de otros proveedores de participar, ya no es eficiencia o evitar pasos burocráticos, es ir el perjuicio del Estado mismo al no permitir la concurrencia de ofertas, la puja de precios, la puja de servicios. Esto es lo que se ve en estos procedimientos, y mucho más en el caso de cualquier oferta única”.

En igual sentido, reparó en que “cuanto mayor es el monto, más se tiene que esforzar el Estado en que los privados pujen y hagan diversas propuestas”.

Para cerrar, confirmó que si se aprobara por mayoría, cualquier oferta única que no cumple con las normativas podría derivar en una sanción del Tribunal de Cuentas. “Es una nulidad administrativa”, precisó. u

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