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La Asamblea Ciudadana sumó su visión sobre el proyecto de Don Bosco y continúa el debate

El proyecto comercial que se pretende construir en Don Bosco, que incorpora un pedido de excepción y convenio urbanístico, sumó ayer la postura de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras y continúa en tratamiento hacia el interior de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante.

Durante un encuentro, que se extendió por casi dos horas, los integrantes de la organización ambientalista expusieron sus planteos ante los concejales que participan del ámbito legislativo y de otros que se sumaron dada la dimensión que tomó el debate.

En concreto, aportaron documentación al debate y compartieron un pormenorizado desarrollo de los puntos que sustentan su postura, marcadamente en contra de la iniciativa, a la vez que quedaron a disposición de lo que requiera la comisión en continuidad con la discusión planteada.

Al finalizar el expediente incorporó los fundamentos y el estudio elaborado por el Cinea (Centro de Investigaciones y Estudios Ambientales) de la Unicén respecto del impacto que tiene en el agua los cambios en los usos de suelo para ese sector.

Sin embargo, la mirada estará puesta en lo que suceda hoy en la reunión de Labor Parlamentaria, donde los presidentes de cada una de las bancadas definirán los expedientes que ingresarán al recinto para su tratamiento en la sesión de mañana.

En ese marco, la oposición pone el foco en las derivaciones que tendrá aprobar una excepción en esa zona de la ciudad, más aún cuando se carece de un abordaje integral del denominado “corredor Don Bosco”.
El bloque justicialista continúa con sus reparos, asegura que aún hay interrogantes sin resolver -como la posible vinculación con la cota 220 de la parcela donde se pretende construir-, e insiste con un informe de impacto ambiental alternativo al presentado por la parte interesada, que sea solicitado por el Concejo Deliberante, y en la necesidad de avanzar en un plan integral para toda la zona.
En una línea similar se pronunció el bloque del FPV – PJ a la vez que sugirió adecuarse a los indicadores urbanísticos asignados por el PDT a la chacra para evitar una excepción, que incluso podría dar paso a otras. “Sin un plan de manejo para la zona el Ejecutivo nos lleva a excepciones sin pautas claras”, deslizó María Eugenia Poumé.
Las especulaciones giran en torno al oficialismo y la mayoría con que dispone. En principio, el expediente quedó en comisión, aunque se tomará una definición hoy. Para la concejal del radicalismo, Matilde Vide, la búsqueda debería apuntar a un “mayor consenso” ya que se trata de un proyecto “importante” para la ciudad, particularmente para Don Bosco.

Puntos a
considerar

Bajo el título “¿Tandil en liquidación?”, la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras compartió los argumentos sobre los cuales sustenta su postura en contra del proyecto y que compartió con los concejales durante la reunión de ayer.
Desde el punto de vista “ético” consideró que resulta “inadmisible cambiar privilegios por plata”, y desde el aspecto “democrático” abordó una serie de cuestionamientos.
Marcó que el Plan de Ordenamiento “lo debemos cumplir todos” y se preguntó “¿quiénes son los integrantes de la Comisión de Gestión Territorial que se invoca como autoridad técnica para legitimar las excepciones?”, en referencia a la instancia por la que pasó la iniciativa y que contó con el visto bueno.
Cuestionaron la falta de publicación de los convenios urbanísticos en la página web del Municipio, en una de las condiciones que impone el decreto que regula la herramienta. “Las propuestas de convenios urbanísticos deben publicarse antes de que sean aprobados, para recibir comentarios dentro de un sistema transparente”, resaltaron.
En materia ambiental, la Asamblea Ciudadana apuntó que “el valle interserrano es parte de una gran cuenca hídrica que alimenta el arroyo del Fuerte, el Lago y el Langueyú” y que “el aumento de la construcción y la impermeabilización por construcciones e infraestructura modifica la escorrentía de las aguas superficiales, aumentando el riesgo de inundaciones en la misma zona y en otras de la ciudad”.
En ese sentido indicó que el área donde se pretende realizar el desarrollo inmobiliario “es de recarga de acuífero, siendo altamente vulnerable a la contaminación”.
“La disponibilidad de agua de pozo es limitada. El aumento del bombeo puede implicar que baje el nivel o se sequen otros pozos”, advirtió en relación a uno de los aspectos sobre los que hizo más hincapié, y agregó que en la zona “no hay aguas ni cloacas. Existen trabajos científicos que advierten sobre la contaminación en esta zona por los cambios de uso”.
En tanto, “las condiciones del sustrato hacen difícil y riesgoso un tratamiento particular que garantice la no contaminación”.

Más argumentos

En otro párrafo la agrupación se enfocó a los argumentos urbanísticos al señalar que el proyecto “significa infraestructura y construcciones que corresponden a zonas urbanas”, e implica “gran circulación de vehículos y demanda de estacionamiento”, por lo que “tendrá impacto también en contaminación sonora y aumento de gases nocivos”.
Además el proyecto “no sólo no se corresponde con el área donde quiere localizarse. Tiene una suma de falencias que ameritan que ya lo hubieran desestimado categóricamente”, y precisó que “el plano de la presentación indica que la zona tiene aguas y cloacas cuando no es así. Estima una población temporaria de 47 personas y dos habitantes permanentes. Esto resulta inverosímil: 32 locales, los trabajadores y los clientes multiplicarán esa cifra con lo cual el requerimiento de agua y el tamaño de la planta están subdimensionados. El estudio de impacto ambiental no considera el área de influencia, a pesar de que es un requisito especificado para la habilitación del comercio en esa zona y fue así solicitado desde el Concejo Deliberante”.
Y advirtió que el estudio de impacto ambiental presentado “no desarrolla los impactos paisajísticos ni urbanísticos”.

Hacer negocios
con privilegios

“La zonificación existente es más que generosa”, señaló y justificó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) “le asigna una ocupación de baja densidad, con servicios al turismo y actividades de bajo impacto ligadas al disfrute de la naturaleza”.
Compartió la preocupación de los vecinos y remarcó que “mejorar Don Bosco no es llenarlo de construcciones propias de las zonas urbanas”, sino que “es más preservación de la naturaleza”.
“La firma ‘Tandil for sale’, con un capital de 40 mil pesos, quiere esta excepción para vender locales a 200 mil dólares”, es decir, “hacer negocios con el privilegio otorgado por algunos funcionarios”.
Y advirtió que “todas las obras que se tengan que hacer para mitigar los impactos de las excepciones que se aprueban hoy demandarán enorme cantidad de recursos que pagará la sociedad en su conjunto”, a la vez que ejemplificó que “con lo que ya se ha construido, para mitigar los problemas generados, las autoridades están proponiendo realizar un canal de cemento de 12 millones en el margen de la avenida Don Bosco”.
En efecto, “¿por qué tantos lugares de la ciudad dónde es adecuado el crecimiento carecen de las inversiones suficientes y se sigue poniendo la agenda ‘de prepo’ al ordenamiento y a la distribución de presupuesto público?”.
“Si el que hace trampa gana, no es solo una cuestión ambiental, económica, etc., sino educativa, ¿por qué razón el resto de los ciudadanos debieran cumplir con las normas si unos pocos consiguen hacer negocios millonarios con un puñado de firmas que les habilitan un privilegio?”, expuso con tono crítico la organización ambiental.
En otro punto resaltó que “la transparencia y la información a la comunidad no solo son un derecho de los ciudadanos. Es fundamental para que quienes son responsables de la gestión territorial salgan del oscurantismo en el que parecen decidirse uno tras otro los pedidos de excepciones y la vista gorda a la construcción clandestina”.
“¿Tandil está preparado para problemas ambientales como la contaminación del agua e inundación? Los esfuerzos económicos que hace la sociedad para sostener la obra pública deben asignarse a generar suelo urbano, con infraestructura de agua y cloacas, y mejorar los servicios de la ciudad y no a tapar los problemas generados por la urbanización caótica generada por el mercado inmobiliario”, concluyó la Asamblea Ciudadana. u

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La Comisión de Obras Públicas escuchó las objeciones de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras.

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Los concejales de los distintos bloques escucharon los conceptos vertidos por los preservacionistas.

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La agrupación expuso las razones por las cuales no deben aprobar el convenio urbanístico del centro comercial Don Bosco.

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