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La oposición pidió cesar el contrato de la propiedad para seguridad por su “excesiva onerosidad”

Rechazó el contrato de uso y goce con opción a adquisición del inmueble para Protección Ciudadana, ubicado en Pinto al 800, que hoy está desocupado. Los integrantes de los bloques opositores asentaron por nota, en el expediente, el pedido de “concluir” el acuerdo por el cual se paga un alquiler desde marzo. Advirtieron las “consecuencias desventajosas para el erario público” por su “excesiva onerosidad” y “gran perjuicio”, además de la incertidumbre por “la opción de compra en moneda extranjera” en un “acuciante contexto económico y social”.

El Eco

Los nueve concejales de los tres bloques de la oposición, Justicialista, Unidad Ciudadana e Integrar, presentaron una nota al presidente de la Comisión de Economía, el radical José Luis Labaroní, en rechazo al contrato de alquiler con opción a compra del inmueble de Pinto al 800 que el Ejecutivo busca adquirir y reformar para la instalación del Centro de Operaciones Inteligente y la Secretaría de Protección Ciudadana. Solicitaron “concluir” el acuerdo con el privado, debido a que “acarrea consecuencias desventajosas para el erario público”, pero además buscan evitar que comiencen las obras de remodelación o que se ejerza la opción de compra sin la anuencia del Concejo Deliberante.

En la reunión de Economía, el lunes pasado, el expediente no se trató. Entonces, los legisladores de la oposición decidieron dejar asentada su postura con respecto al contrato. Sospechan que ante los cuestionamientos políticos que disparó el alquiler y la compra del inmueble, el oficialismo no vuelva a tratar el asunto y avance con su proyecto, en otro ninguneo al Concejo Deliberante.

Con esta acción intentarán evitar que el asunto corra la misma suerte que otros temas en los que el Ejecutivo no tenía la total seguridad de disponer de la mayoría y nunca se trataron, como la excepción por el loteo de la familia Segurola, el uso de los postes de la Usina para la fibra óptica y el contrato con Cablevisión, la adenda al contrato de accionistas de la Usina, la extensión del plazo por otros dos años para la relocalización de las agronomías, entre otros.

“Gran perjuicio”

En la postura mancomunada que hicieron constar en el expediente, los concejales Facundo Llano, Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, María Eugenia Poumé, Silvia Nosei, Ariel Risso, Nilda Fernández, Maurcio D’Alessandro y Gustavo Ballent expresaron “nuestra voluntad de proteger el erario público, en la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos. En razón de ello es que manifestamos la imperiosa necesidad de concluir el contrato sometido a consideración”.

También destacaron que el “contrato de uso y goce con opción de adquisición fue celebrado con fecha 26 de febrero de 2018, por ende, en ejecución y con períodos devengados al momento de su elevación a este Concejo Deliberante”.

Por otra parte, afirmaron que “nuestra voluntad es acompañar y apoyar políticas públicas en protección ciudadana que aporten soluciones concretas a los ciudadanos, a contrario de convalidar compras y erogaciones presentes y futuras que importan un dispendio de recursos públicos”.

Los concejales coincidieron en que “desde su elevación, el asunto aún se encuentra en estudio sin fecha cierta de tratamiento, siguiendo el curso su contrato y devengándose fondos públicos”, y con “el agravante” del punto vinculado “a la gran cantidad de obras a realizar en el inmueble, en mayor medida, necesarias antes de su funcionamiento. Con un valor que si bien no se ha informado a este Concejo, resulta por demás oneroso y cuantioso su gasto”.

Para cerrar, advirtieron que el contrato “acarrea consecuencias desventajosas para el erario público, de excesiva onerosidad y de gran perjuicio, sumado a la incertidumbre adquirida producto de la opción de compra en moneda extranjera. Más aún en el acuciante contexto económico y social de nuestro país”.

Buscan evitar las obras y la opción de

compra sin la anuencia del Concejo

En relación a la nota que presentaron, el justicialista Facundo Llano explicó que tomaron la decisión de plasmar su postura en el expediente, teniendo en cuenta que no se trató en comisión, tal vez por las declaraciones públicas que realizó como así también las de sus pares Gustavo Ballent y Rogelio Iparraguirre, además de los reparos que expresó el propio Marcos Nicolini.

En principio, dijo que es el momento de hacer el planteo, ya que el Legislativo se enteró hace unos días. “Debimos tomar conocimiento antes de la firma del contrato, porque el compromiso de ejercicios futuros implica la convalidación del convenio”, advirtió.

El concejal definió la acción como “lo más lógico y sensato administrativamente y políticamente” porque “es un expediente que tiene un pedido de convalidación de ejercicios futuros y la posibilidad de compra de un inmueble que ya fue firmado en febrero el contrato, y desde marzo hasta hoy se están devengando alquileres sin tener la autorización del Concejo. Además, tiene un plan de obras estipulado en el contrato que no cuenta con un presupuesto determinado, aunque creemos que va a ser importante el dinero que va a tener que poner el Municipio porque tiene que hacer muchas refacciones, instalaciones eléctricas, de internet y hasta batería de baños”.

Explicó que adelantaron su opinión porque al no ser tratado, “suponemos que este expediente no iba a seguir su curso en el Concejo y sin embargo, se iban a seguir devengando alquileres y no se iba a resolver. Entonces, al menos dejar sentada la posición del resto de los concejales que no queremos que esto continúe. Además en una opción de compra en moneda extranjera, con la volatilidad que eso tiene”.

Y reparó en otros antecedentes, donde “cuando se complica un poco la cuestión dentro del bloque oficialista, no se resuelve y no tiene una definición en el Concejo como la debería tener, con la opinión de cada uno de los concejales” y en este caso, marcó como agravante que “mientras no tenga tratamiento, los alquileres se siguen devengando y seguimos pagando dinero innecesariamente”.

Las falencias del expediente

Llano repasó como una de las carencias del expediente que no cuenta con una tasación del edificio y deja librada a una comisión interna del Municipio la tarea de cotizarlo. “Eso no es garantía de nada. Sabemos que puede poner el monto que determine el Ejecutivo, que es el mismo que firmó el contrato”, evaluó sobre la visión parcial e interesada en relación al precio del bien a adquirir, hoy dispuesto en 750 mil dólares.

Además, “el estado general del edificio no es bueno, porque son galpones. Requiere de mucha inversión en obras para poder acondicionarlo a lo que necesita el Municipio” y refirió que en el contrato figura la reforma que deben hacer pero no su costo.

Por otra parte, marcó que el inmueble que el Ejecutivo pretende adquirir “no tiene una ubicación estratégica”, pero además carece de “un análisis y una fundamentación de por qué no se buscaron otros lugares” y de una conclusión de otras áreas como Planificación del Tránsito sobre la decisión de adquirir ese local, teniendo en cuenta que deberán asistir muchos empleados a trabajar a un local céntrico y que no cuenta con estacionamiento.

Sumado a esas circunstancias, el lugar elegido va en contra de los conceptos sostenidos por el Ejecutivo en cuanto a la descentralización, por ejemplo, para el proyecto de adquirir Metán.

Como otro punto, Llano consignó que en 2017 se llamó a licitación -lleva el número 47- para la compra de un espacio para Protección Ciudadana y en el pliego figuraban un cúmulo de requisitos que el inmueble de Pinto al 800 no cumple.

“Lo lógico es efectuar una licitación para la compra de un edificio o un concurso si fuese un edificio nuevo, una vez determinada la necesidad de comprarlo, porque también hay espacios públicos de propiedad del Municipio donde se puede hacer un edificio. Se está viendo la posibilidad de comprar Metán, tal vez pueda ir ahí también. Hay distintas alternativas, pero en este caso es una vía indirecta, un contrato de alquiler con opción a compra con un monto muy importante. No nos parece que sea la forma de resolver una compra millonaria por parte del Estado”, sintetizó.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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