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Marcan sugerencias para garantizar la “eficiencia y eficacia” del proyecto de acceso a la información

El Concejo Deliberante comenzó a estudiar el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública que el mes pasado elevó el Departamento Ejecutivo y que tiene por objetivo garantizar ese derecho, “promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de Tandil”.

En un primer acercamiento, el bloque de concejales del justicialismo compartió los lineamientos centrales de la temática y se mostró optimista frente a la posibilidad de alcanzar la redacción final que refleje los principios de acceso a la información pública, de participación ciudadana, de transparencia de la gestión pública, de rendición de cuentas.

“No tenemos nada que objetar” en ese sentido, ratificó Facundo Llano, que compartió algunos de los puntos que pretenden incorporar al debate camino a la propuesta que otorgue un perfil más ajustado a la realidad local.
Por eso resaltó que la propuesta de la bancada que integra junto a Pablo Bossio apunta a temas que harán a la “eficiencia y eficacia” de la normativa a aplicarse en Tandil y que emula a la ley nacional.

“Estamos dispuestos a trabajar en una ordenanza que resalte estos conceptos pero también que sea eficiente y eficaz y no solo una declamación en favor del acceso a la información pública sino que sirva”, sostuvo el edil.

Entre los conceptos sobre los que sustentó el planteo, consideró necesario definir el modo en que solicitará la información que se requiera, la autoridad de aplicación y la agencia que funcionará para cada caso, como un ente “autárquico y autónomo”.

En cuanto a la transparencia activa, que establece una cantidad de cosas a contemplar, apuntan a incorporar temas locales además de los grandes números como el presupuesto, los ingresos, egresos, proveedores, licitaciones, entre otros.

Algunas
consideraciones

El concejal del Bloque Justicialista adelantó a El Eco de Tandil su lectura respecto del proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo. En principio indicó que la iniciativa es una réplica de la Ley Nacional 27.275, que fue aprobada en septiembre de 2016 y que entraría en vigencia en dos meses, aunque marcó ciertas diferencias entre una y otra.

En el caso de la ordenanza promovida por la Secretaría de Gobierno, se centró en la falta de precisiones en torno a la responsabilidad frente al incumplimiento de las obligaciones que impone la normativa y de un apartado que contemple la creación de la agencia de acceso a la información pública como un ente “autónomo y autárquico”.

El concejal pidió además discutir la autoridad de aplicación en el orden local para garantizar el cumplimiento de los postulados ya que allí radicará la “eficacia y eficiencia” que tendrá el reclamo de los particulares.

“Cuál es el trámite que se le va a dar; si habrá una sola boca de recepción que distribuya a cada una de las área del Ejecutivo el requerimiento; si bien la ordenanza habla de 15 días hábiles para responder, al no tener determinada la autoridad de aplicación no hay una metodología de cómo tratar ese pedido de información”, deslizó como inquietudes.

Desde su perspectiva calificó que la ordenanza es “muy amplia, abarcativa y ambiciosa” en cuanto a los requerimientos dado que “copia la Ley Nacional”, pero sugirió “adaptarla” a las particularidades de la ciudad.

Entre los reparos dijo que será materia de estudio si efectivamente se determinará la creación de una autoridad de aplicación, se definirá un procedimiento y la responsabilidad ante el incumplimiento, como algunos de los puntos que “no están en el proyecto elevado por el Ejecutivo”, a la vez que deberán definirse las vías de acceso a esa información.

Enfocado en cuestiones que hacen al ámbito local planteó que deberá primar la necesidad de contemplar información pública que abarque, por ejemplo, las resoluciones del Tribunal de Cuentas, el destino de los fondos afectados, cuál es el flujo de dinero, qué obras se ejecutaron, el presupuesto participativo, los subsidios que se otorgan.

“Vemos que el Intendente, a título personal o en nombre del Municipio, entrega subsidios y no sabemos cuáles son los criterios por los cuales los entrega ni a qué instituciones”, enfatizó el concejal justicialista.

Además abordó la necesidad de contemplar en el proyecto el vínculo que se establece con los organismos e instituciones de la sociedad relacionados con la información pública.

En definitiva, sostuvo que se trata de herramientas que se encuentran implementadas en la ciudad y que deberán contemplarse en la redacción final del proyecto. “Tenemos que ponernos de acuerdo en definir de qué manera se publican los datos y de qué manera están contempladas estas cuestiones que hacen al orden local”, subrayó.

“No se condice
con la realidad”

En ese sentido Llano aprovechó para cuestionar la falta de respuesta del Gobierno frente a los pedidos de informes que se impulsan desde el ámbito legislativo. “Los fondos afectados tienen relación directa con los planes de obra de pavimentación”, sobre los cuales se efectuó un pedido de informes del que aún no obtuvieron respuesta respecto del programa de 2016 y 2017. Entonces “no se condice el proyecto de ordenanza con lo que está sucediendo en la realidad”.

En otro capítulo agregó el tratamiento que da el gobierno de Miguel Lunghi al Boletín Oficial, con publicaciones tardías en la página web del Municipio.

“Hoy no está en vigencia” lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades y “no tenemos un Boletín Oficial en papel y cuando lo publican lo hacen cada tres meses y es un acumulado”, criticó Llano.

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