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Para Santamarina, el Movimiento 1 de Octubre se convirtió en una “empresa muy lucrativa”

El director de empleo de la Secretaría de Trabajo nacional, Gonzalo Santamarina, abordó las protestas y apuntó contra la líder del movimiento social, Griselda Altamirano. Hizo un repaso sobre los planes sociales que se otorgan y el uso que se hace de ellos y dijo que los beneficiarios cobran entre cuatro mil y siete mil pesos. Sobre la agrupación aseguró que “maneja muchos recursos” y que se volvió “muy lucrativa”.

El Eco

Liberadas la delegación de la Secretaría de Trabajo de la Nación y la sede de la Regional de Anses, aún persisten las repercusiones por las medidas que adoptó el Movimiento 1 de Octubre en su reclamo para que el Estado garantice la generación de trabajo genuino con salario digno.

En esta oportunidad, el director de la región pampeana de la cartera laboral, Gonzalo Santamarina, salió a responder con tono crítico los embates recibidos y direccionó sus argumentaciones en el uso que hacen de las ayudas sociales que brinda el Estado, que rondan entre los cuatro mil y siete mil pesos.

En diálogo con el ciclo televisivo “Tandil despierta” (EcoTV), el funcionario apuntó contra la agrupación que protagonizó las últimas manifestaciones. “Es el negocio de la protesta”, soltó sobre la modalidad que lleva adelante y sentenció que “Griselda (Altamirano) ha montado una empresa muy lucrativa que se llama el Movimiento 1 de Octubre, que es un actor político y económico”.

Santamarina reflejó que el espacio “maneja muchos recursos” que otorga el Gobierno nacional pero también de organizaciones políticas vinculadas a la izquierda.

Y acusó a la responsable del espacio de no tener “ningún prurito en complicarles la vida a muchas personas sin sentir vergüenza”, en referencia a los bloqueos de los organismos sociales e incluso la restricción en la circulación de calles y rutas nacionales.

En ese sentido ratificó su compromiso para desplegar las acciones necesarias para “desactivar este tipo de prácticas”, necesidad que surge de la “impunidad con la que se maneja”.

En definitiva, hasta tanto “no logremos que esas personas que reciben un plan no hagan una contraprestación, vamos a estar dándole de comer a organizaciones que nos van a complicar la vida y no nos permitan salir adelante”, consideró Santamarina.

“Estamos en un momento de crisis, lo sabemos, pero no vamos a dejar de apostar a la cultura de trabajo porque es lo que nosotros tenemos que pedirles a ellos. El que apuesta por Griselda (Altamirano) apuesta a un camino de la pobreza porque uno no sale de ahí a través de los planes, ese no es el camino”, ratificó.

 

El uso de los planes sociales

En declaraciones televisivas el titular de la delegación local de la cartera laboral se mostró satisfecho por el accionar de la Justicia federal, que respondió en forma “muy rápida” ante las denuncias radicadas y garantizó el desalojo de la oficina de 9 de Julio al 800, aunque lamentó que durante las jornadas en que se extendió el bloqueo “hubo mucha gente perjudicada”.

A propósito de las consecuencias de la medida contó que ayer se acercó a conversar con los comerciantes de la cuadra donde se ubica la dependencia nacional, quienes “me contaron que estuvieron con la gente de la toma y que cuando les preguntaban qué hacían ahí respondían que si no lo hacían les iban a sacar el plan”.

Rechazó la modalidad advertida por los responsables de los locales con los que tomó contacto y dijo que “me da mucha pena” por las personas que se movilizaron. “Todos sabemos que la necesidad tiene cara de hereje y se tienen que prestar a este tipo de prácticas”, lamentó.

Al abordar el caso particular del Movimiento 1 de Octubre, Gonzalo Santamarina precisó que los integrantes del perciben un plan proveniente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación denominado Hacemos futuro, salarios sociales complementarios y ayuda alimentaria.

Sin embargo, la incógnita se centra en el modo en que se administran esos beneficios, ya que, según expuso el funcionario nacional, son entregados a la organización, que sería la encargada de la distribución entre las personas que la integran.

Una contraprestación por el beneficio

Abierta la discusión en torno al tema, planteó la necesidad de impulsar un cambio cultural. Por eso el “desafío” es establecer un mecanismo para que “esta gente pueda hacer una contraprestación plena de esta ayuda que pagamos todos los argentinos”.

Según el funcionario nacional los beneficiarios cobran entre 4.300 a los 7.000 por planes sociales, y que además podrían percibir alguna suma extra por la Asignación Universal por Hijo, aunque reconoció que la pretensión es que puedan “hacer una contraprestación”.

Destacó que a partir de una decisión que adoptó el Ejecutivo nacional el año pasado “hoy se puede tomar el plan como parte del salario si estas personas consiguen trabajo en blanco”.

Ante la consulta sobre la aplicación de auditorías en la entrega de las ayudas, Santamarina considero que “hay control” pero admitió que el Estado nacional en este punto “se podría hacer más y tenemos que trabajar para eso”.

De la totalidad de las personas que cobra un plan social, “un cinco por ciento usó el camino de la economía formal, nos queda un trabajo muy largo”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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