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Se rescindirá el contrato de alquiler del edificio para Protección Ciudadana y Lunghi devolverá el importe abonado

Tras las críticas y controversias generadas, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás con el proyecto de alquiler con opción a compra del predio localizado en Pinto al 800 que sostenía desde febrero. En una medida inusual, el jefe comunal responderá con recursos propios para devolver al erario público los 500 mil pesos gastados hasta el momento en concepto de arrendamiento por esas instalaciones.

Atilio Della Maggiora y Julio Elichiribehety defendieron el proyecto de alquiler con opción a compra del edificio de Pinto al 800 pero confirmaron que se dará marcha atrás con el contrato.

El Eco

En una conferencia de prensa realizada ayer en el Municipio, el Ejecutivo anunció la rescisión del contrato del local de Protección Ciudadana, de común acuerdo con la contraparte. En una decisión inédita, además, el propio Intendente pagará 500 mil pesos de su bolsillo para devolver a las arcas municipales los alquileres que se abonaron por el mismo.

El Gabinete se reunió en la jornada del viernes  y a pesar de existir diferencias de criterio, arribaron a la conclusión de dar baja el polémico alquiler con opción a compra de un edificio ubicado en Pinto al 800 para que funcionara allí la sede integral de la oficina a cargo de Atilio Della Maggiora.

“Creemos que la idea era viable con el valor del dólar en ese momento, cerca de los 20 pesos, la ubicación es excelente, la tasación era accesible también. La distorsión de las variables económicas alejaron la propuesta”, expuso Julio Elichiribehety, titular de la jefatura de Gabinete, quien estaba acompañado por Della Maggiora.

Los funcionarios defendieron el proyecto y no lo plantearon como un error de gestión, sino como una buena propuesta que no se pudo concretar. “Se da en el marco de un año complicado, de particularidades, y pese a todo el gobierno ha tenido muchos logros que no queremos que se opaquen por esta situación”, valoró.

Producto de una decisión estrictamente personal, el intendente Lunghi dispondrá de recursos propios -que se efectivizarán como una donación- para reintegrar los aportes mensuales sacados del erario municipal durante los 10 meses que duró el acuerdo, para compensar el impacto.

El jefe de Gabinete, por su parte, puso el foco en las particularidades de un año que presentó numerosos frentes de conflicto en los que se vio envuelto el Gobierno. “Se pusieron en marcha proyectos, no se recortaron partidas presupuestarias, se siguieron haciendo todos los eventos, inauguraremos el polideportivo, en marzo la Escuela de Teatro, somos uno de los 15 municipios que mejor recomposición salarial tuvo, hay una buena administración de los recursos, queremos destacarlo”, insistió.

El presupuesto 2018 fue aprobado con un dólar a 18 pesos, pero la devaluación posterior motivó la defección del proyecto, en un tiempo donde la austeridad, el humor social y cierto grado de malestar hicieron que el Intendente y su equipo adoptaran esta postura. Según la óptica de la mano derecha de Lunghi, el cuestionado contrato de alquiler del edificio céntrico es la única cuestión observable en término de acciones de Gobierno, truncado a causa de la coyuntura macroeconómica.

Un proyecto controvertido

El polémico contrato que se suscribió en febrero del corriente generó numerosos críticas en el seno de la oposición. El contrato de alquiler establecía un pago mensual por el inmueble mediante un sistema escalonado, con actualización de los valores cada seis meses. Desde marzo a julio, abonó una suma fija de 50 mil pesos; de agosto a enero de 2019, comenzará a pagar 55 mil pesos; de febrero a julio, 60.500 pesos; de agosto a enero de 2020, 66.550 pesos; de febrero a julio de 2020, 73.205 pesos; de agosto a enero de 2021, 80.525 pesos; de febrero a julio de 2021, 88.577 pesos; de agosto a enero de 2022, 97.434 pesos; de febrero a julio de 2022, 107.177 pesos; y de agosto de 2022 a enero de 2023, 117.894 pesos. Desde el Ejecutivo plantearon que estos montos se descontarían al momento de la compra, hecho que posteriormente fue desmentido.

Los bloques Integrar, Unidad Ciudadana y Justicialista habían efectuado en agosto un pedido de informe sobre el acuerdo por considerar un despilfarro el pago de un alquiler tan oneroso para un espacio en desuso y rechazar la opción de compra en moneda extranjera de 750 mil dólares, sin tasación oficial.

A fin de completar la información requerida, las autoridades del área de seguridad retiraron el expediente del cuerpo Deliberativo en septiembre. En ese contexto, el secretario de Protección Ciudadana aseguró que “todavía se están estudiando las alternativas para responder a las distintas objeciones que presenta el proyecto y lograr el acompañamiento de la decisión en el Concejo Deliberante”.

La medida respondió a la presión de concejales opositores para que el oficialismo tome definiciones en torno a la iniciativa, teniendo en cuenta que todos los meses se erogaban fondos públicos para el alquiler del inmueble a la espera de que el Municipio concrete o no la operación inmobiliaria.

Vale recordar que el monto previsto para la adquisición de la propiedad pretendía ser abordado con recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Servicios Asociados, que el Gobierno provincial distribuyó en 2017. Por aquel entonces, el intendente Miguel Lunghi reservó la suma de 20 millones de pesos para destinar a tal fin.

La necesidad de un espacio apto

Además de los costos generados a partir del arrendamiento del espacio muchos de los insumos necesarios para poner en funcionamiento el Centro de Operaciones Inteligentes se hallan dolarizados, lo que dificultó aún más la ambiciosa iniciativa.

En el transcurso de los meses que pasaron desde que se firmó el contrato, las autoridades intentaron llegar a un acuerdo  para continuar con la empresa, dado que los propietarios tenían el gesto de bajar la pretensión económica a desembolsar para adquirir las instalaciones. Finalmente, las variables exógenas no jugaron a favor de la idea pergeñada por Della Maggiora, que le valió duros cuestionamientos en el ámbito del Concejo Deliberante.

El responsable del área encarga de la seguridad local confirmó que están evaluando otros emplazamientos posibles –correspondientes a dependencias municipales-, que han sido relevados y estudiados durante los últimos 30 días para analizar cuál es el espacio más viable para trasladar las instalaciones. Della Maggiora señaló que todas ellas están afectadas a diversas actividades, “por eso también la necesidad de propiciar la adquisición de un nuevo lugar”.

Para el funcionario el proyecto es indiscutiblemente necesario y sostuvo que hay acciones avaladas por todos los sectores, como el fortalecimiento del sistema de videovigilancia, pero reafirmó que hubo cuestionamientos por este proyecto en particular, debido a que se inició con un valor de compra de 15 millones de pesos que ascendió a 30 millones en la actualidad por los importes dolarizados del mercado inmobiliario. “No era un precio acordado, era un precio indicado por los dueños para comenzar las tratativas”, aclaró.

 

 

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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