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Vidal prorrogó la resolución de Oceba y el Ejecutivo podrá sostener los cargos en las boletas hasta 2019

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El Eco

En el marco de una recorrida por la localidad de Chivilcoy, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió postergar la aplicación de la resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que determinó que las distribuidoras no podrán incorporar en sus facturas “conceptos ajenos a la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, ni conceptos adicionales vinculados al servicio”.

“La resolución de Oceba se va a postergar hasta el mes de diciembre de manera que los intendentes tengan más tiempo de planificar para el año que viene cómo van a manejarse en estos temas”, expresó la mandataria provincial en rueda de prensa.

Lo cierto es que la medida había generado resistencia en los municipios a partir de los cargos que incorporaron en la tarifa de luz en el último tiempo y por medio de los cuales se buscaron otros fines.

En el caso de Tandil, la boleta de la Usina se distribuye con conceptos vinculados a tres ordenanzas que suman tributos a los consumos del servicio. En concreto, la carga impositiva local está conformada por la ordenanza 2.505 que apunta a inversiones en materia de iluminación, costos para el funcionamiento del relleno sanitario y alguna otra obra específica; la 5.791 para el servicio de alumbrado público; y la 9.495, el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), que contempla la creación de un fondo especial con “destino exclusivo” a solventar económicamente la atención de patologías que “impliquen prácticas de alta complejidad y que no puedan ser derivadas a un efector público dentro del país”.

La resolución de Oceba obliga a acatar las disposiciones y a recaudar por fuera de las facturas de luz los recursos.

De esta manera, comenzará a regir el año que viene y las boletas se emitirán con el detalle de la información necesaria y suficiente que permita constatar al usuario en forma unívoca el valor de las magnitudes físicas consumidas, el período al cual corresponde, los precios unitarios aplicados y las cargas impositivas.

 

El debate local

Como se informó en estas páginas, lo resuelto por la entidad bonaerense puso en alerta al gobierno de Miguel Lunghi, que buscó definir el impacto de las nuevas disposiciones en función de los conceptos que generan recursos afectados a esos fines.

Frente al desconcierto que causó la determinación, integrantes del directorio de la distribuidora de energía eléctrica impulsaron consultas ante la Provincia para obtener alguna certeza sobre el impacto real de la resolución.

Además, junto con la comuna, formalizó un pedido para extender entre 20 y 30 días el plazo estipulado para la aplicación de las disposiciones con vistas elaborar una postura más uniforme pero también para desarrollar un proceso de transición frente al nuevo escenario.

Con este plazo otorgado, la administración tendrá más tiempo para evaluar las alternativas y definir de qué modo adapta la estructura local a las disposiciones, con el objetivo puesto en evitar un desfinanciamiento del sistema.

 

La Usina aplicó fuertes multas a tres

empresas por conexiones clandestinas

 

En medio de la disputa por la renuncia de uno de los síndicos del sector público y el debate sobre la adenda al acuerdo de accionistas por la deuda en obras que generó la empresa de economía mixta, la Usina Popular y Municipal SEM salió a comunicar una sanción aplicada a usuarios por conexiones clandestinas a partir de las acciones contra las conexiones eléctricas irregulares que conllevan un perjuicio económico y un serio riesgo para la seguridad de la población.

Con el objetivo de generar conciencia de que esta modalidad “pone en peligro la seguridad de la población”, la distribuidora intensificó sus acciones con el trabajo de dos cuadrillas de operarios con una fuerte presencia en la calle con operativos diarios contra el fraude eléctrico.

Como resultado de esta decisión detectó varias conexiones irregulares, descubiertas por las abruptas caídas en los consumos en los medidores relevados.

Se trata de tres empresas tandilenses que modificaron el dispositivo con el objetivo de que marque por debajo del uso intensivo por la actividad comercial que realizan.

Como consecuencia la Usina aplicó multas superiores a los 100 mil pesos y además analiza acciones legales contra los usuarios responsables de cometer el fraude.

Foto gentileza Usina Popular de Tandil.

 

Denuncias

antifraude

 

Tal lo establecido en el contrato de concesión, la empresa está facultada a cobrar con una retroactividad de hasta cuatro años la energía consumida y no registrada, más las penalidades y cargos correspondientes.

Las autoridades de la Usina solicitaron que ante irregularidades o conexiones directas se realice la correspondiente denuncia gratuita y anónima al 0800 333 4415 o por WhatsApp al 249 4 479319. También se puede efectuar por correo electrónico a [email protected].

 

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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